Rosalba Ramos, advierte que las campañas de difamación y chantaje a través de redes sociales están afectando gravemente la dignidad de las personas y la salud mental de sus familias.
Santo Domingo.- La fiscal titular delDistrito Nacional, Rosalba Ramos, calificó como "preocupante y sin precedentes", la proliferación de campañas de difamación, chantaje y ataques personales a través de redes sociales y plataformas digitales por parte de personas que se hacen pasar por comunicadores.
Ramos explicó que la investigación que encabeza su despacho no surge solo del ruido mediático o la presión de casos puntuales, sino de una inquietud profunda sobre el deterioro de la vida pública y privada provocado por una dinámica digital tóxica, que ha cruzado límites legales y éticos.
“Estoy muy preocupada por esta situación, sobre todo porque hay una parte que tal vez la mayoría de las personas no ve, que es cómo emocionalmente este tema está destruyendo vidas y familias”, afirmó en una entrevista en le programa Hoy Mismo.
“Se ha ido más allá del cuestionamiento público legítimo y se ha llegado al daño personal, emocional y mental, incluso a menores de edad que no tienen por qué cargar con lo que se dice de sus padres en los medios”.
Desde su rol como una de las “patas del sistema de justicia”, la fiscal observa con alarma cómo este fenómeno ha escalado.
“En todos mis años de carrera, nunca había visto algo como esto”, señaló.
Apuntó que lo antes era la excepción, hoy parece convertirse en norma, personas utilizando redes sociales para lanzar acusaciones sin pruebas, exponer aspectos íntimos de la vida de otros y, en muchos casos, solicitar dinero a cambio de “limpiar” reputaciones.
Ramos toma como ejemplo, los casos recientes contra Ángel Martínez, procesado judicialmente por difamación, o la agresiva campaña en redes contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, donde incluso el hijo menor de la funcionaria ha sido víctima indirecta del acoso mediático.
“Podemos hablar de Faride. Tiene un niño que tiene acceso a las redes sociales. ¿Cómo esto puede impactar su salud? Hay que ponerle un alto a esto. A los hijos y a los padres de esas personas también hay que cuidarlos”, dijo, visiblemente conmovida.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Consciente del delicado equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor y la dignidad, la fiscal explicó que el Ministerio Público no busca coartar el libre ejercicio del periodismo ni la opinión crítica. Sin embargo, dejó claro que la libertad de expresión, como todo derecho, tiene límites.
“Nosotros siempre vamos a salvaguardar la libertad de expresión, pero también debemos recordar que todos los derechos tienen un límite. Incluso en los juicios se puede solicitar que se celebren a puertas cerradas para proteger la dignidad de la víctima o del imputado”, recordó.
Ese principio ha guiado la nueva estrategia del Ministerio Público, que ha comenzado a tratar los casos de difamación con mayor contundencia legal.
“Antes muchos de estos procesos se convertían en querellas privadas, a solicitud de las partes. Ahora hemos comenzado a presentar acusaciones formales y a obtener sentencias condenatorias, como debe ser”, dijo Ramos, con tono resuelto.
Daños colaterales
Uno de los elementos más sensibles de este fenómeno es el daño emocional y profesional que sufren tanto las víctimas como sus familias.
Ramos relató, desde su experiencia personal, el costo que puede tener este tipo de violencia digital.
“Yo misma fui víctima de esto al iniciar como fiscal del Distrito. Se dijeron muchas cosas falsas sobre mí, y me costó mucho manejarlo, a pesar de tener más de 20 años en el sector público. Es muy doloroso ver que la gente recurre a eso sin pruebas, solo para generar escándalo o ejercer presión”.
La magistrada hizo referencia al caso del comandante de la Policía en San Cristóbal, quien falleció con un proceso de denuncia pendiente por difamación, sin que se llegara a una resolución a tiempo.
“Fue doloroso porque una persona honesta quedó marcada injustamente y no pudo ver la justicia que había solicitado”, lamentó.
La fiscal destacó que esta preocupación no es individual, sino compartida por todo el cuerpo del Ministerio Público.
“Cada lunes discutimos temas como este. Es una preocupación general, porque muchos fiscales han sido víctimas también. Y estamos de acuerdo en que ya es hora de actuar de forma sistemática y coordinada a nivel nacional”.
Casos como los de Ángel Martínez, Aquiles Jiménez y otros más que se están acumulando en diferentes jurisdicciones del país reflejan, según Ramos, la necesidad de un nuevo enfoque.
Aquiles Jiménez, imputado por violar la Ley sobre Armas, Municiones y Materiales Bélicos
“No se trata de coartar. Se trata de poner orden. De proteger a las personas honestas que quieren servir al país sin tener que pasar por linchamientos mediáticos o chantajes”.
¿Y ahora qué?
Ante la pregunta de cómo evitar que esta acción del Ministerio Público sea interpretada como una forma de censura, Ramos explicó que: “La diferencia es clara. Una cosa es opinar, otra es chantajear. Una cosa es investigar, otra es inventar. Nosotros vamos a seguir respetando los derechos, pero también vamos a aplicar la ley cuando esos derechos se usen para hacer daño”.
“Se acabó el relajo. Ya estamos actuando y lo vamos a seguir haciendo. El que difama, el que chantajea, tiene que responder ante la justicia”.
Periodista egresada de la Universidad O&M, apasionada por escribir sobre niñez, salud e historias humanas. Combina su amor por el periodismo con su afición por los deportes. Madre de dos niños, lo que le aporta una perspectiva cercana y sensible en sus reportajes.
