En la República Dominicana la calidad de los servicios básicos como la electricidad y el agua potable sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. Sin embargo, pocas veces se reconoce que detrás de la inestabilidad y deficiencia de estos servicios hay un problema estructural: la baja tasa de pago por parte de los usuarios.
Cuando gran parte de la población no cumple con este compromiso, el Estado se ve obligado a destinar enormes recursos para cubrir el déficit, recursos que podrían invertirse en mejorar las redes, ampliar la cobertura o modernizar la infraestructura.
Pagar por los servicios que consumimos no debe verse como una carga, sino como una contribución necesaria para garantizar su sostenibilidad. No puede haber energía estable ni agua constante si los ingresos del sistema no alcanzan para mantenerlo y desarrollarlo.
Las autoridades también deben crear las condiciones para que el pago sea justo, transparente y eficiente. Esto implica reducir pérdidas, dar un servicio de calidad y asegurar que cada peso recaudado se traduzca en mejoras reales para la población.
Además, las instituciones deben asumir un rol educativo, fomentando una cultura de responsabilidad y compromiso con los bienes públicos. Solo cuando la ciudadanía y el Estado asuman su parte con seriedad, podremos aspirar a tener servicios de electricidad y agua dignos, continuos y de calidad.
