A cincuenta años de distancia de la caída de la dictadura trujillista, todavía quedan en nuestra sociedad algunos sujetos que se creen o quieren ser Trujillitos, a juzgar por su conducta pública no disimulada.
Un ejemplar de esta casta, que parece no haberse dado cuenta de que el modelo despótico pasó de moda hace ya mucho tiempo, es el teniente coronel Johan Liriano, quien se califica a sí mismo como un hombre arbitrario y amenaza con graves cargos a los periodistas que buscan la verdad en los casos de narcotráfico y lavado de activos.
El citado oficial, de muy elevado rango, es el encargado de la Dirección Nacional de Control de Drogas en el aeropuerto de Las Américas y, en tal virtud, debería saber que la libertad de buscar y difundir información constituye un derecho fundamental e inalienable de todo ser humano, que no puede ser entorpecido por nadie, y menos por un oficial que se supone debe ser garante del mismo, en vez de un fiero obstáculo, como él ha querido ser.
Lo menos que merece el nuevo Trujillito del aeropuerto -quien ya fue suspendido por sus superiores para fines de investigación- es una fuerte amonestación y un traslado a otras funciones menos importantes, hasta que aprenda un poco de lo que son los derechos ciudadanos y cuál es el verdadero papel de servicio y garantías que corresponde a los miembros de cualquier dependencia de los organismos militares, policiales o civiles del Estado.
Todos, sin excepción, no son más que servidores del pueblo. Y como tales deben comportarse.
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