El Gobierno haitiano manifestó su imposibilidad de seguir subsidiando el precio de los combustibles y dispuso alzas que de inmediato provocaron protestas violentas.
Los días anteriores las manifestaciones eran reclamando acciones para garantizar una seguridad ciudadana que en la actualidad está secuestrada por las pandillas que controlan el territorio.
Pero también se registraron otras protestas exigiendo la renuncia del actual Primer Ministro al que consideran ilegítimo.
Las próximas podrán ser por cualquier otro motivo.
Todo se suma al ambiente de ingobernabilidad que impera en Haití, donde se ha impuesto una especie de sistema tribal en el que las pandillas se han dividido el territorio para controlarlo sin que se sienta la autoridad del Estado.
El efecto negativo sobre la República Dominicana queda a la vista de todos, aunque no todos los quieran ver.
Los sistemas educativo y sanitario saturados por la carga excesiva que se le ha impuesto al tener que asumir una enorme migración ilegal que reclaman ese tipo de servicio que el Estado dominicano les ofrece gratis.
El Gobierno ha jugado al “amagar y no dar” cuando se trata de las medidas necesarias para imponer un control migratorio conforme al dictamen del aparato legal dominicano.
El panorama en Haití indica que la situación seguirá empeorando y que la migración ilegal hacia República Dominicana continuará expandiéndose.
