Las exigencias de que se castigue al que se aparte de las disposiciones legales y las normas éticas en la administración de los recursos públicos deben hacerse con firmeza.
Los diversos sectores que conforman la vida nacional están llamados a sumarse a esas iniciativas.
El Estado se ha ocupado de armar un entramado jurídico para promover y obligar a la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
Igualmente están establecidas las reglas del juego en la relación entre los funcionarios públicos y quienes hacen negocios con el Estado.
Entidades de la sociedad civil han asumido con entusiasmo el rol de control social del cumplimiento de esas disposiciones legales y normas éticas.
Esa combinación es beneficiosa.
Los diferentes actores también tienen que actuar con la suficiente inteligencia como para que la firmeza de esas exigencias se mantenga dentro del marco de la prudencia requerida para no provocar otros daños sustanciales en el camino de corregir males actuales.
El padecimiento social actual no requiere un tratamiento tipo quimioterapia, en el que al matar las células malas se eliminan también las buenas.
El momento es de un tratamiento lo menos invasivo posible, que ataque la enfermedad sin afectar otras áreas vitales.
Ahí es donde entra la prudencia.
