Periodista Luis García
Nueva vez, como un fantasma, aparece en el panorama nacional el interés para la modificación de la Constitución de la República que, de materializarse, marcaría la número 40 en la historia del país.
A diez años de su existencia, la Constitución fue modificada en 1854 bajo la presidencia de Pedro Santana, y la última, en 2015, durante el mandato de Danilo Medina. Las 39 reformas constitucionales han sido promovidas por 14 gobiernos.
Desde el mismo día de su juramentación como presidente de la República, el actual mandatario, Luis Abinader, ha hecho público el deseo de reformar la Carta Magna. Ha citado las temáticas de preferencia: Transparencia e Institucionalidad, Electricidad, Agua, Policía Nacional, Modernización del Estado, Calidad Educativa, Salud y Seguridad Social, Transporte, Transformación Digital, Fiscal, Laboral e Hidrocarburos.
A través del Consejo Económico y Social (CES), desde el 30 de agosto pasado, han sido abiertas las mesas de Agua, Electoral, Modernización de la Administración Pública, Transformación Digital y Transparencia e Institucionalidad.
En esta última, en la que participan representantes de los partidos políticos, empresarial, laboral y social, el Gobierno dejó claramente establecido que se requiere de una reforma que logre la independencia del Ministerio Público, ajustar la funcionalidad de las altas cortes, así como la modificación y creación de leyes para la regulación de los órganos de control, entre otras.
Al margen de ese escenario, dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) se han expresado favorables a que se incluya reducir el porcentaje de la mitad más uno de los votos para que un candidato presidencial gane las elecciones en la primera vuelta electoral.
Todo esto ha generado un ambiente tenso de la colectividad dominicana, especialmente dentro de las principales fuerzas de la oposición que no han tardado en rechazar la propuesta de enmiendas constitucionales.
Las naciones con solidez institucional son cuidadosas con las reformas, dado el impacto en los aspectos económico, político y social; contrario a la República Dominicana que se ha convertido, en la mayoría de los casos, en cuestiones de interés de grupos gobernantes en determinadas coyunturas.
Estas pretensiones hacen recordar la frase del expresidente Joaquín Balaguer, en 1966, a raíz de la reforma constitucional de ese año: “La Constitución es un pedazo de papel”.
A pesar de que muchos le atribuyeron la autoría, la misma corresponde al político socialista alemán Ferdinand Lassalle, en 1862, cuando hablando ante los ciudadanos berlineses argumentó que las constituciones escritas estaban redactadas sobre el papel y que lo importante no era el papel, sino su contenido.
Otros se la confieren al rey de Prusia, Friedrich Wilhelm III, a principios del siglo XIX, ante la promesa de impulsar una constitución a su reino para motivar la expulsión de Napoleón del territorio, pero, una vez fuera del poder, la promesa fue echada al olvido.
Las reformas constitucionales no son buenas ni malas en sí mismas; dependen de una serie de factores que van marcando la dialéctica institucional de una determinada nación. El momento es clave. Cada momento es distinto. Y ninguna coyuntura resulta igual a otra.
Hay que referir la frase del filósofo griego Heráclito en el sentido de que nadie puede bañarse dos veces en un mismo río, porque, aunque aparentase el mismo acuífero, sus elementos, el cauce y el agua cambian. El cambio es la constante de la vida, la cual siempre estará en movimiento.
Hoy lo que se espera es el control de los altos niveles de inflación, no la modificación de la Constitución.
