El Ministerio de Administración Pública, de acuerdo a las disposiciones del Poder Ejecutivo, tiene facultad para otorgar licencias especiales sin disfrute de sueldo a todos los funcionarios y empleados públicos que sean candidatos a puestos electivos.
La disposición tiene vigencia desde el 26 de noviembre de este año hasta el 20 de mayo de 2024. En virtud de que los puestos electivos se definirán en dos procesos: las elecciones municipales el 19 de febrero y las presidenciales y congresuales el 20 de mayo de 2024, entendemos que el Ministerio de la Administración Pública tiene mucho trabajo por delante.
El presidente Abinader, independientemente de las nuevas atribuciones del ministerio designado, tiene que conocer a tiempo los nombres de los funcionarios que serán apartados de sus posiciones –mediante una licencia temporal– para los fines de lugar.
De igual forma, la medida debe ser extendida al campo económico, y que tiene que ver con la discrecionalidad de los titulares de las carteras pública central y de las descentralizadas para nombrar personal temporero en el Estado.
Esto tiene un propósito: evitar que el personal contratado por el Estado emplee tiempo que debe usar para sus funciones en las actividades políticas.
De igual forma, con el cierre de las nóminas se evita nombrar personal que sólo tendrá la misión de trabajar en la promoción política de los candidatos del partido oficial y sus aliados.
Haría falta un gran equipo de observadores y un gran ejercicio de transparencia para que lo uno y lo otro pueda ser respetado a cabalidad. De entrada tiene una alta significación que hayamos llegado a estos términos, independientemente de que se haga en este tramo tan sensible y enrarecido, y sobre todo muy cercano al proceso último, apenas faltando dos meses para la primera consulta electoral.
Esperemos que, efectivamente, las medidas que deberá tomar el Ministerio de la Administración Pública, anunciadas por el Presidente, se respeten y tengan un alcance efectivo en todo el país.
