La Procuraduría General de la República ha detectado lo que parece ser un plan para eliminar físicamente a uno de sus Procuradores Adjuntos conocido por su verticalidad en el cumplimiento de sus funciones.
El magistrado Bolívar Sánchez ha sido uno de los pilares en numerosas investigaciones y procesos contra importantes organizaciones criminales.
Su empeño ha llevado a la cárcel a muchos delincuentes de todas las estirpes y ha mantenido vivos procesos que se siguen contra delincuentes muy peligrosos y que intentan eludir el castigo judicial.
En esta ocasión lo que investiga la Procuraduría no es una simple amenaza que pudiera atribuirse a la bravuconería, sino acciones para ejecutar a un funcionario del sistema judicial.
Y más aún, las indagatorias deben llegar más allá de la persona sospechosa, pues pudiera tratarse de un simple peón mandado por una estructura criminal mayor.
Los funcionarios del sistema judicial que asumen su responsabilidad de combatir el crimen no están solos, aunque muchos prefieran hacer como el avestruz y bajar la cabeza.
El crimen organizado ha avanzado mucho gracias a la indiferencia de muchos agentes sociales. Pero no le podemos permitir llegar tan lejos como para preparar conspiraciones contra funcionarios del Ministerio Público y que eso se quede como un suceso más.
EL DÍA tiene su mirada puesta sobre este caso y no la quitará, pues lo que está en juego es la misma tranquilidad social.
