Tenemos una ley de salarios, aunque sea una ley que regirá solo al sector público.
De todas formas se trata de un avance, ya que el Estado es el mayor empleador del país.
También es de alta significación que la pieza vendrá a corregir irregularidades, desajustes y libertades que en esa materia se tomaban muchas dependencias gubernamentales y organismos descentralizados.
Sobre todo corregirá inequidades en una gran población, la de mayor espectro, pero la que menos remuneración recibe.
Ahora vendrá el próximo paso: ponerla en vigencia, para lo cual sería recomendable ver el sentido de previsión que tuvo el Ministerio de la Administración Pública en cuanto al diseño de toda la reglamentación para alcanzar ese propósito.
Una realidad que no solo conllevará un ejercicio teórico. También habrá que hacer ajustes en el presupuesto de la nación, ya que su puesta en vigencia no solo afectará los salarios de los altos directivos públicos, sino de todo el sistema salarial del Estado.
Eso implicará, como ya se lo planteó el Ministerio, describir los cargos, valorarlos, establecer sus competencias y ver los perfiles.
De ese ejercicio dependerá el reajuste salarial, así como los nuevos sueldos. Esperamos transparencia y equidad en este proceso, tal como se ha prometido.
