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Los tenedores de bonos argentinos todavía confían en que la disputa legal de trece años que impide al gobierno cumplir con sus obligaciones puede resolverse.
Los acreedores con 9,300 millones de dólares como mínimo de deuda argentina reestructurada planean pedir a los demás tenedores esta semana o la próxima que dejen sin efecto una cláusula de sus contratos de bonos que, según el gobierno, prolonga el impasse, según Christopher Clark, abogado que representa al grupo.
Se necesita el acuerdo del 85% de los acreedores para renunciar a los Rights Upon Future Offers (Derechos sobre Futuras Ofertas), o RUFO, cláusula que vence el 31 de diciembre.
