Se está dando el caso, cada vez con mayor frecuencia, de que grupos privados de ciudadanos, sin ninguna investidura oficial, se están organizando para enfrentar por su propia cuenta a los delincuentes que las autoridades responsables de mantener el orden público no pueden controlar.
Esto está ocurriendo en diversas localidades provinciales, en algunas de las cuales los enfrentamientos de dichos grupos con bandas de malhechores han arrojado saldos de muertos y heridos.
No pueden caber dudas de que la intención de tales agrupaciones es válida. La familia quiere seguridad, paz, orden, respeto y protección, valores éstos que se tambalean y desaparecen cuando los organismos policiales fallan o son insuficientes. Pero el tomar la justicia con las propias manos no es la solución: por el contrario, una acción de tal naturaleza solo puede conducir al caos.
Hay que frenar la peligrosa tendencia hacia los linchamientos y la persecución del crimen por entidades privadas que, tan pronto se convierten en juez y parte, se colocan también del lado de la ilegalidad.
Lo que demandan las circunstancias, aparte de la búsqueda de soluciones sociológicas al problema de la delincuencia, es el fortalecimiento de los cuerpos del orden, tanto desde el punto de vista de su equipamiento al ritmo de las nuevas tecnologías contra el crimen, como del de la formación cívica y moral de sus miembros. Con cada día de inacción que pasa en ese sentido es más difícil lograr la efectividad de una solución definitiva.
