Uno de los sambenitos que la oposición procura colgarle al Gobierno y al PRM es que hay notorios casos de legisladores, funcionarios y dirigentes políticos suyos vinculados al narcotráfico.
Sí, la prensa muestra cuántos y quiénes son, porque están sometidos a la justicia, condenados, extraditados o perseguidos.
Es penoso que un problema nacional con ramificaciones extraterritoriales sea politizado irresponsablemente, como si el PLD, la FUPU y demás partidos fuesen impermeables a la penetración por narcotraficantes.
Al contrario, en los cinco años y pico de la presidencia de Abinader el Gobierno ha interceptado cargamentos, desmantelado bandas, procesado judicialmente o entregado imputados a las autoridades estadounidenses, en mayores cantidades que en los veinte años previos sumados. Al parecer no hay segmento social ni área económica que no estén afectados por lavadores, traficantes y sus facilitadores o cómplices.
Pero igualmente es notable el combate contra estos y otros crímenes transnacionales, gracias a la inequívoca disposición coordinada por militares, fiscales y agentes antinarcóticos dominicanos con sus colegas de otros países, especialmente la DEA estadounidense.
Internamente, esa lucha merece llevarse a los barrios donde los precios de las drogas no indican escasez y horas después de eliminar algún punto de venta surgen flagrantemente otros nuevos, un grave problema policial que la oposición prefiere ignorar.
El reconocimiento público de la DEA, de que nuestro país es su principal aliado en la guerra contra el comercio internacional de drogas ilegales, trae locos a muchos políticos de todos los partidos, que parlotean como pericos sabiendo que el Gobierno y sus organismos de seguridad están empeñados como nunca en darle candela al narcotráfico, sin importar en cuál partido los delincuentes busquen socios o impunidad.
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