SAO PAULO.— El presidente Michel Temer prometió el miércoles que su gobierno seguirá adelante con su trabajo a pesar del sorpresivo anuncio sobre la apertura de pesquisas por corrupción a ocho de sus ministros, los dos líderes del Congreso y numerosos aliados.

La Corte Suprema de Brasil anunció el martes que ha emprendido investigaciones contra unos 100 políticos de alto nivel como parte del mayor escándalo de corrupción en la historia del país.

La investigación, conocida como Autolavado, ha expuesto los sobornos por miles de millones de dólares que compañías brasileñas, entre ellas la constructora Odebrecht, pagaron a numerosos políticos.

Ahora la pesquisa amenaza con descarrilar al gobierno de Temer y paralizar al Congreso. La cifra de investigaciones abiertas es impresionante: afectarán a 24 senadores —uno de ellos un expresidente—, 39 diputados, ocho ministros del gabinete federal y tres gobernadores.

La máxima corte de justicia de Brasil también le solicitó a los tribunales de menor instancia que decidan si proceden con pesquisas contra otros 200 políticos, entre ellos tres expresidentes.

La evidencia en los casos derivó de los testimonios que empleados y exempleados de Odebrecht rindieron ante fiscales a cambio de enfrentar menores sanciones. Como las investigaciones afectan a casi un tercio del gabinete, hay preocupaciones de que pongan en peligro las reformas de Temer a la seguridad social y la ley laboral, cambios que el mandatario considera cruciales para restaurar el crecimiento económico tras dos años de recesión.

El mismo Temer fue mencionado en algunas de las decisiones del juez de abrir investigaciones, pero como presidente tiene inmunidad temporal frente a cualquier delito que hubiera cometido antes de asumir la presidencia.

Aunque luego del anuncio del martes los legisladores se dispersaron por el receso de la Semana Santa, Temer mantuvo el miércoles su programa de actividades mientras intentaba hacer a un lado el escándalo. “Tenemos que seguir adelante con el gobierno”, dijo durante la ceremonia de firma de una medida para impulsar el avance de las mujeres.

“Si no somos cuidadosos, pronto la gente dirá que el (poder) ejecutivo no funciona, el legislativo tampoco ni el judicial. No es así”. Temer no mencionó el escándalo explícitamente, pero a pregunta posterior de los reporteros respondió: “Dejaré que el poder judicial cumpla su trabajo”.

El procurador general de Brasil investigará ahora las acusaciones y decidirá si los implicados deben ir a juicio. Temer dijo en fecha reciente que cualquier ministro que sea llevado a juicio deberá dejar el cargo.

Hasta el momento, todos han rechazado haber incurrido en alguna irregularidad. Pero el estigma de la investigación podría dificultarle las cosas al gobierno, especialmente porque algunas de las personas involucradas son muy cercanas a Temer, entre ellas su secretario general del gabinete y mano derecha, Eliseu Padilha.

De acuerdo con un testimonio, Padilha solicitó un soborno de cerca de un millón de dólares con el fin de otorgar un contrato para la construcción de una vía ferroviaria en la ciudad de Porto Alegre. Ejecutivos de Odebrecht también señalaron que Padilha y otro ministro y asesor cercano de Temer, Wellington Moreira Franco, solicitaron un financiamiento ilegal de campaña para el Partido del Movimiento Democrático Brasileño y para Temer a cambio de que el gobierno tomara una decisión de incrementar las posibilidades de que la compañía obtuviera concesiones aeroportuarias.

Otro aliado cercano de Temer, el ministro del Exterior Aloysio Nunes, será investigado después de que fuera acusado de recibir 158.000 dólares en contribuciones ilegales de campaña a cambio de ayudar a Odebrecht a mediar con una compañía estatal de infraestructura.

Los fiscales investigarán si el ministro de Agricultura Blairo Maggi recibió 3,8 millones de dólares por parte de Odebrecht para contribuciones de campaña, cuando contendió a la gubernatura del estado de Mato Grosso.

Muchos de los ministros han dicho que sólo recibieron contribuciones legales, o que no han visto ninguna evidencia en su contra.

“Lamento que mi nombre se incluya en una lista de personas citadas en acuerdos de culpabilidad de Odebrecht, sin que tenga la oportunidad de acceder a la información para defenderme”, dijo Maggi en un comunicado.

“Tengo la consciencia tranquila de que no hice nada malo”. En tanto, Nunes dijo que las acusaciones son “falsas”. Rodrigo Maia, presidente de la cámara baja del Congreso, también será investigado por aceptar sobornos, incluso en forma de contribuciones ilegales de campaña.

La decisión del juez señala que Maia está acusado, entre otras cosas, de recibir cerca de 110.000 dólares por parte de Odebrecht para financiar una campaña en 2008, un año en el que no era candidato. Mientras tanto, los fiscales investigarán las acusaciones de que el presidente del Senado, Eunicio Oliveria, recibió 635.000 dólares por parte de Odebrecht como parte de un plan multimillonario en el que estaban involucrados varios legisladores para prácticamente comprar legislación que favoreciera a la compañía.

Los presidentes de ambas cámaras del Congreso han negado haber incurrido en irregularidades. Pedro Campos, profesor de historia en la Universidad Federal Rural do Río de Janeiro y especializado en la relación entre empresas constructoras y las autoridades públicas, cree que el número de políticos en riesgo demuestra que el sistema político brasileño ha estado contaminado por la corrupción durante décadas.

“Todos sabían que esto pasaba, pero no sabíamos qué tan extenso era el problema”, comentó Campos.

“Sin embargo, hay que tomar en cuenta: sea lo que sea que Odebrecht haya hecho aquí, pudo hacerlo en otros países, con otros líderes. Uno de sus altos ejecutivos alguna vez declaró que todo lo que hacían en Brasil, también lo hacían en el extranjero”.

Como parte del fallo del magistrado Edson Fachin de abrir las investigaciones, quitó el sello de confidencialidad de uno de los testimonios de acuerdo de culpabilidad.

Todo Brasil se ha preparado durante meses para escuchar los detalles esenciales de quién le dio qué a quien, y los habitantes empezaron a darse una idea de la trama a medida que la corte comenzó a publicar sus registros.

Por ejemplo, en un registro difundido el miércoles, el exdirector general de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, testificó que, mientras Dilma Rousseff asumía la presidencia, asignó al menos 11 millones de dólares destinados al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Los fondos, según Odebrecht, tenían el objetivo de obtener favores del nuevo gobierno, ya que Lula y Rousseff eran aliados cercanos. Sin embargo, no quedó claro si Lula alguna vez utilizó el dinero, y el Instituto Lula difundió un comunicado en el que afirma que las acusaciones son infundadas.