SANTO DOMINGO.- Con la implementación de la tecnología en el Poder Judicial, se acerca a la ciudadanía a la justicia a través de la plataforma de acceso digital, que permite realizar trámites, solicitudes, depósitos, consultas y otras funciones del ordenamiento jurídico.
Así lo expresó el secretario general de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), César García Lucas, quien dijo que se realiza la solicitud del servicio mediante el uso de formularios electrónicos previamente establecidos.
Afirmó que con esa herramienta tecnológica ha sido una ayuda para agilizar y acercar más a la justicia a la ciudadanía y a los usuarios que buscan que su proceso se conozca.
El acceso digital a la justicia, es más allá de una simple conexión a Internet. Se refiere a la capacidad de las personas para utilizar la tecnología de manera efectiva para resolver problemas legales y acceder al sistema judicial.
Esto incluye el uso de plataformas en línea para presentar demandas, acceder a recursos legales, programar citas judiciales y participar en procesos legales de manera remota.
Mediante la plataforma de la página web del Poder Judicial también se responden todas las preguntas a través de la referida plataforma del Poder Judicial, que van desde fijación de una audiencia, certificación de decisiones de manera virtual, pronto fallos y de otras solicitudes.
Alerta
García Lucas explicó que la plataforma no es más que una cuenta personal que habilita el usuario en la que todos los casos que estén vinculados y con el número de cédula de identidad, se coloca una alerta.
Si un abogado deposita un documento al expediente, la persona implicada en el caso recibirá una alerta (el deposito de documentos o la solicitud de fijación de audiencia).
Agregó que con la alerta, la persona podrá tomar depositar cualquier otro documento porque en ese espacio también será verificable para el juez que conoce el caso. Esto permitirá primero, analizar la visibilidad del recurso más rápido y decidir.
La herramienta de acceso digital a la justicia aborda directamente las barreras que pueden impedir que las personas obtengan una representación legal adecuada.
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