La Justicia dominicana está pasando por un periodo histórico. Ya resultan incuantificables los juicios abiertos y en proceso, que se demoran y se retardan de manera tediosa; con jueces que son recusados y defensas que se las ingenian para que no haya un fallo definitivo.

En una corta lista tenemos juicios por corrupción y delitos de Estado, con defraudación y sumas millonarias comprometidas con sobornos, y que involucra a gente de esta y antiguas administraciones gubernamentales.

Otros son juicios de crímenes sonados, con horrendos homicidios, uno de ellos involucra a una menor embarazada y a un exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Así vemos otros, abiertos por los constantes reenvíos y reclusión de los implicados mediante la figura de “medidas de coerción”.

Afortunadamente, el Código Procesal Penal concede un tiempo límite para cerrar un juicio. De manera que muchos de estos casos, con más de un año en tribunales, tendrán un veredicto.

La sociedad dominicana solo espera que cierren en un tiempo prudente. Y todos con un fallo convincente.