El Tribunal Supremo de EE.UU. suspendió este miércoles la ejecución del preso latino John Henry Ramírez para estudiar su solicitud de estar acompañado por su pastor y que éste pueda rezar y posar las manos sobre él en el momento en que reciba la inyección letal.

En una breve decisión publicada la misma noche en que Ramírez iba a ser ejecutado en Texas, la máxima corte del país aceptó estudiar el caso de ese preso, y ordenó programar una audiencia con argumentos orales sobre el tema para octubre o noviembre de este año.

Ramírez, condenado a muerte por el asesinato de Pablo Castro durante un asalto a una tienda de conveniencia en 2004, había presentado este martes una solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo para que el reverendo Dana Moore pudiera rezar y tocarle físicamente durante la ejecución.

Antes de que se pronunciara el Supremo, el estado de Texas y dos tribunales inferiores habían rechazado la solicitud del hispano, de 37 años, al considerar que iba contra la normativa.
Texas había pedido al Supremo que rechazara la petición de Ramírez, y el Departamento de Justicia Criminal del estado rechazaba que el pastor pudiera poner sus manos sobre el preso y orar en voz alta durante la ejecución, por considerar que eso podría complicar el proceso.

En su petición al alto tribunal, Ramírez había alegado que desde 2016 recibía consejo espiritual de Moore, pastor de la Segunda Iglesia Bautista en Corpus Christi, ciudad natal del asesino convicto.

La moción del reo aseguraba que, si no se concede su solicitud, Moore se vería obligado a permanecer en un “pequeño rincón” de la habitación a pesar de que su “declaración jurada ante notario explica que poner sus manos sobre un cuerpo moribundo y vocalizar oraciones durante la transición de la vida a la muerte están entrelazadas con los servicios religiosos».
Añadió que no se podía considerar que su pedido tenía como objetivo retrasar la ejecución porque presentó el caso de “asesor espiritual” en agosto de 2020, 13 meses antes de la fecha de ejecución actual.

En opinión del hispano, el rechazo a su pedido le llevaría a ser ejecutado sin el “consejero espiritual que le garantiza la Constitución».
Ramírez fue condenado por la muerte a puñaladas de Pablo Castro, un trabajador de una tienda de conveniencia de Corpus Christi, en un robo en el que solo consiguió 1,25 dólares.
Sus dos cómplices, Christina Chávez y Ángela Rodríguez, fueron detenidas en las horas siguientes al asalto, pero Ramírez logró huir, aunque finalmente fue arrestado en Brownsville en febrero de 2008.
La ejecución de Ramírez ya se había retrasado en otras dos ocasiones, una en 2017 y otra en septiembre de 2020, debido a la pandemia de la covid-19.