Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados.
*Por Joan Vargas
SANTO DOMINGO.-El nuevo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó hoy a la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República auditar las cuentas del gremio ya que, según dijo, presentan un déficit de 80 millones pesos.
Miguel Surún Hernández explicó que según investigaciones preliminares el déficit se debe a deudas con suplidores, prestamistas, con la banca formal, salarios atrasados, falta de pago de la seguridad social, prestaciones laborales e inversiones sin soportes justificativos.
Denunció que al asumir la presidencia del gremio encontró informaciones contables incompletas y confusas por lo que solicitó a los organismos competentes investigar el caso.
¨La mayor parte de los recursos que recibe el Colegio de Abogados provienen de la venta del sello rojo que se vende en la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia, por lo que manejamos recursos públicos y podemos ser auditados¨, expresó Surún Hernández.
El presidente del Colegio de Abogados indicó que para prevenir acciones irregulares aperturó la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) y habilitó un portal de transparencia en la nueva página web del gremio en la que todos los abogados del país, así como la ciudadanía en general tendrán la oportunidad de conocer en que se invierte cada centavo del CARD, la nómina de empleados, ingresos, proyectos y todo lo que quieran saber.
El gremialista manifestó que estas iniciativas marcan el inicio de una gestión transparente en cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, que cuenta con la asesoría de la Contraloría General de la República y otras entidades.
En ese mismo orden, Surún Hernández designó comisiones para investigar diversas denuncias de estafas en perjuicio de abogados, durante pasadas gestiones, una de las cuales se refiere a la promesa de entrega de visas para viajar a territorio norteamericano y otro relacionado con una supuesta estafa de que fueron objeto varios abogados con la asignación de un proyecto de apartamentos que nunca fue entregado.
La dirección del CARD está a la espera de los resultados de las investigaciones que realizan las comisiones designadas, al tiempo de advertir que llevarán «hasta las últimas consecuencias las indagatorias en curso».
