SANTO DOMINGO.- La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en coordinación con la Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas, alertó sobre un alegado entramado fraudulento mediante el cual personas no identificadas reclaman al Estado indemnizaciones de miles de millones de pesos al presentarse como propietarios del 70 por ciento de los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
La denuncia fue presentada durante una conferencia de prensa en la academia estatal, encabezada por el presidente de la Comisión Ambiental de la UASD, maestro Luis Carvajal, junto al presidente de la Academia de Ciencias, doctor Eleuterio Martínez, entre otros integrantes de la citada coalición.
Aunque la Ley sectorial de áreas protegidas (202-04) contempla la justa compensación de propietarios legítimos, previo a su declaratoria de utilidad pública, en esta nueva modalidad que involucra miles de millones de pesos, los reclamos se están haciendo sobre porciones de terreno sin un derecho de propiedad depurado», sostuvo Carvajal.
El reputado ambientalista precisó que al menos siete demandas han sido interpuestas en los tribunales contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por dos personas que se autoproclaman como los propietarios de casi el 70 por ciento de los 1,100 kilómetros cuadrados del parque nacional.
Carvajal adelantó que la academia estatal, a través de la Comisión de Ambiental y junto a la Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas se mantendrá vigilante y adoptando las medidas correspondientes para evitar el enriquecimiento ilícito de quienes pretenden reclamar como suyos parques nacionales que le pertenecen al país.
De su lado, el doctor Eleuterio Martínez informó que la coalición depositó recientemente un recurso en el Tribunal Superior Administrativo como parte de las primeras acciones encaminadas a la protección del Parque Sierra de Bahoruco.
«Tenemos constancia de que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la procuraduría general administrativa han encaminado las acciones legales necesarias para enfrentar este monumental intento de estafa sin embargo entendemos oportuno y necesario que tanto estas instituciones como los organismos de control del sistema judicial profundicen la investigación», agregó Martínez.
Los integrantes de la coalición insistieron además en la necesidad de que la Jurisdicción Inmobiliaria frene la forma escandalosa en que se vulneran los bloqueos registrales que impone la ley sobre aquellos territorios declarados como áreas protegidas.
Entre los integrantes de la coalición para la defensa de las áreas protegidas se incluyen también la Fundación Acción Verde, el Grupo Jaragua, Fundación Moscoso Puello y la Sociedad Ecológica del Cibao
