El ciudadano ruso Sergei Berezin y/o Paul Bergholts fue pedido en extradición por España.
SANTO DOMINGO.-Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia(SCJ) acogieron la solicitud de extradición por las autoridades de España contra un ciudadano ruso para ser sometido por estafa por más de 645 millones de euros, mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.
Se trata del extranjero Sergei Berezin/Paul Begholts, cabecilla de una estructura criminal, que cometió el fraude a través del negocio Juicy Fields, plataforma destinada para los inversionistas de cannabis para uso medicinal, que realizaban las transferencias en dinero para obtener más ganancias.
La organización criminal operó en todo territorito de Europa, mediante el dominio ww.juicifields.io, y tenía una oficina física. También el ciudadano ruso, junto a otros detenidos en España, expandió el negocio en Colombia, bajo el nombre de Kannabyte.
Las autoridades españolas acusan al extranjero de estafa agravada, blanqueo de capitales y de pertenecer a una organización para cometer los hechos delictivos.
De acuerdo al expediente se establece que el 22 de marzo de 2020, la plataforma se colapsó y los inversores perdieron su capital aportado, que la investigación por las autoridades de España, determinó que el dinero invertido por las inversionistas de forma de moneda fiduciaria y criptomonedas, no se reinvertía en cannabis medicinal, sino que se destinaba a pagos parciales a las víctimas.
Es decir, que utilizaban el esquema Ponzi, o piramidal, así como la financiación del aparato de captación de la estafa, que incluía la participación de la plataforma en ferias, medios informativos, oficinas abiertas al público en varios países, campaña de marketing en Google y en redes sociales.
Desapareciendo la mayor parte de la inversión en un complejo entramado de sociedades y cuentas bancarias tanto en Europa como fuera de ese territorio.
Ese Alto tribunal mantuvo la medida de coerción consistente en prisión hasta tanto sea entregada a las autoridades españolas.
Asimismo, los jueces de la suprema presidida por el magistrado Francisco Jerez, dejó a cargo de la procuradora general de la República la tramitación y ejecución de la sentencia, para que sea comunicada a la autoridad administrativa correspondiente para la emisión del decreto de entrega del pedido en extradición a España.
