Lo acontecido en San Cristóbal, será un evento que pasará al olvido, cuando la hipocresía de los políticos y los responsables, no tengan mas beneficios que obtener.

Así como paso con los anteriores de Polyplas con 8 víctimas, el desplome de los edificios del hotel Francés y el local del Codia, el de La Vega y San Cristóbal, la explosión de una estación de gas en Santiago que murieron 11 personas, etc., etc.

Ninguno de estos casos sirvió para mover a la sociedad ni a los políticos y empresarios y menos al Estado, a tomar medidas pertinentes para proteger a la ciudadanía y la economía. No tenemos conciencia de la importancia de la prevención, a pesar de que la misma sale más económica y factible, que las lamentaciones de muertos y pérdidas que reparar después de los eventos.

La supervisión de los servicios públicos y privados es una cuestión crucial en la sociedad moderna, ya que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y el funcionamiento de la economía. Tanto los servicios públicos proporcionados por el Estado como los servicios al público ofrecidos por el sector privado desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana de las personas.

Aquí tenemos muchos supervisores, pero no tenemos constancias de que uno solo esté cumpliendo con su responsabilidad. Obras Públicas y los ayuntamientos y sus inspectores en su mayoría solo van a buscársela a las construcciones y no supervisan adecuadamente. Industria y Comercio debe supervisar las estaciones de combustibles, su trasiego y almacenamiento. Salud Pública tiene que supervisar los restaurantes, fábricas alimentos, etc.

El Ministerio Educación tiene una ley para supervisar la educación, su calidad, y todos sabemos lo que pasa.
Tenemos un caso muy patético, como la Ley 63-17 de tránsito, la cual ya con más de 6 años, y aún no se ejecuta la inspección técnica vehicular, donde ocurren varios accidentes por deterioros de las unidades de transportes público, así como las instalaciones inadecuadas de tanques de gas licuado, sin importar que transitan con ciudadanos y entre ciudadanos, poniendo en peligro vidas inocentes, y el Intrant ni la DGII han sido capaz de exigir y poner en práctica tal medida.

Sin tomar en cuenta que somos el país del mundo más siniestrado, con más de 3 mil muertos cada año por accidentes y grandes pérdidas económicas.

El Estado, las alcaldías y el sector privado, deben asumir con responsabilidad la supervisión. Una supervisión eficaz en todos los ámbitos requiere una combinación de regulación gubernamental, competencia en el mercado y participación ciudadana.

El equilibrio entre la flexibilidad y la rigidez es fundamental para asegurar que los servicios sean de alta calidad, accesibles y confiables, independientemente de su origen público o privado. Ojalá los eventos de San Cristóbal sirvan de ejemplo, para que valoremos más la vida de nuestra gente.