Ayer jueves día primero de octubre del presente año 2018, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Provincia Santo Domingo conoció un caso con trascendencia social. El elemento fáctico consistía en que un individuo se había presentado a una sucursal de una remesadora del país a los fines de que se le entregara 600 dólares, pero, presentó una cédula de identidad falseada ya que no era la que correspondía al verdadero beneficiario o titular de dicho envío.
Presentada la acusación por fiscalía, de inmediato, el imputado, de manera libre y voluntaria, y a través de su defensor, admitió los hechos delictivos que pesaban en su contra, lo que procesalmente hablando se define como una defensa positiva, y en ese escenario, lo que continuaba era juzgar la tipificación penal y su consecuente condena que oscila entre tres a diez años de prisión. Así continuó el proceso. La defensa perseguía una pena benigna de dos años, bajo el argumento de que se trataba de una especie de mula o muchacho que fue usado por una mafia o red para conseguir ese fin.
En vista de las pretensiones anunciadas por la defensa, se le advirtió al tribunal que todo lo relacionado al sistema monetario y financiero es de orden público, que su vulneración reviste un grave peligro para el desarrollo económico, social y el mantenimiento de la paz pública en el país. Que en la especie, se trataba de una multiplicidad de infracciones penales. Y que se habían combinado los siguientes ilícitos: la asociación de malhechores, en tanto hubo un concierto de voluntades para conseguir un fin criminal, porque cómo se enteró de que existe ese envío; la falsedad en escritura pública, por la confección y preparación de un documento de identidad que no le pertenecía, superponiendo la identidad de otro ciudadano con su foto, carnet que sólo puede ser expedido por la Junta Central Electoral, órgano del Estado, uso de documentos falsos, y estafa.
Luego de instruido el proceso, los jueces le impusieron una pena de siete años de prisión a cumplir en una de las cárceles públicas. Entendieron la gravedad de los hechos y el arrojo del imputado que fue a cometer ese delito y cualquier otro, sin importar los mecanismos de seguridad de esa entidad, y las consecuencias penales, mismas que ahora tendrá que cumplir.
Actuaciones de esa naturaleza no deben ser toleradas nunca. La sentencia de ayer fue un mensaje cardinal de no impunidad.
