Justo al vencer el plazo que establece la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la Superintendencia de Bancos entregó informaciones solicitadas por este diario conforme a lo establecido por la citada legislación.
Se tomó todo el tiempo que le confiere la legislación para ofrecer una información que para esa dependencia debiera estar a mano.
El espíritu de la Ley es garantizar el acceso a la información pública de una forma ágil y por eso instruye la instalación de oficinas que se dediquen exclusivamente a esta tarea.
Pero el caso en cuestión trae una reflexión adicional. La dilación de la Superintendencia de Bancos en suministrar informaciones pudiera estar generando problemas hasta en las relaciones con otras dependencias públicas, como es el caso de Proconsumidor, institución que ha estado pidiendo a los bancos los contratos de adhesión.
Las entidades financieras aseguran que han entregado los contratos a la Superintendencia de Bancos y que es ésta la que debe entregárselos a Proconsumidor.
Sabemos que los dos incumbentes de esas dependencias públicas se reunieron y por lo tanto surge la pregunta: ¿porqué no fueron entregados ahí los documentos en cuestión?
Proconsumidor quiere evitar las cláusulas abusivas y la Superintendencia de Bancos afirma que busca lo mismo.
Probablemente en este caso ha faltado que fluya la información, porque el espíritu de la Ley no es que haya que esperar al último minuto para darla.
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