La mayoría de las leyes que otorgan incentivos a sectores específicos consisten en la exención de algún tipo de impuesto, como el ITBIS, el Impuesto Sobre la Renta, el de la transferencia inmobiliaria, entre otros.
Sin embargo, en cada caso, el beneficiario debe realizar alguna inversión para producir.
En el caso de la Ley de Cine, se trata de un subsidio directo, ya que el beneficiario no está obligado a hacer inversiones propias para la producción.
En la discusión actual, se reveló que, en 2023, el Estado destinó unos RD$7,400 millones a la industria cinematográfica.
No obstante, en ese período solo se produjeron unas 25 películas nacionales, con un promedio de RD$80 millones cada una. Esto significa que se utilizaron aproximadamente RD$2,000 millones en las producciones nacionales.
Por lo tanto, surge la pregunta: ¿quién se benefició de los restantes RD$5,400 millones y en qué se gastaron?
Para la aplicación de la Ley de Cine se han creado mecanismos de aprobación de cada proyecto cinematográfico.
Entonces, ¿por qué se siguen aprobando proyectos sin ningún valor artístico, cultural o cinematográfico?
La depuración debería comenzar desde las mismas aprobaciones.
Es importante recordar que estas películas se financian directamente con dinero del fisco, el cual se entrega a los productores a través de empresas privadas.
Asimismo, el Estado no debería financiar más de una película al año por productor, aunque supere el filtro de calidad, ni permitir sobrecostos o monopolios integrados, que finalmente se convierten en un obstáculo para el desarrollo de cualquier industria.
Si este subsidio se mantiene, es necesario establecer límites y controles, ya que indiscutiblemente existen muchas fugas en el sistema.
