Hay una información en los periódicos locales que ofrece datos sobre el tema de los viajes ilegales en yolas que salen de cualquier costa de República Dominicana.
En ese orden, desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, la Guardia Costera de Estados Unidos hizo 28 operativos de migrantes dominicanos y haitianos en aguas cerca de Puerto Rico.
La condición geográfica de República Dominicana, que forma parte de una isla en el Caribe, incide en que se agudicen, cada día, dos problemas recurrentes: los viajes ilegales y el tráfico de drogas por vía marítima.
Hace poco la Guardia Costera estadounidense en San Juan, Puerto Rico, detuvo a 96 migrantes dominicanos y 7 haitianos que intentaron llegar ilegalmente en yola a la isla.
Los dominicanos y los haitianos son buenos compañeros en alta mar, a bordo de una yola, durante un viaje ilegal. A los haitianos, en tierra firme, y en condición de migrantes, nadie los quiere en ninguna parte.
Estos dos problemas —el de los viajes ilegales en yolas y el tráfico de drogas— se agudizan más, de acuerdo a las estadísticas, cuando arribamos a un final de gobierno.
Las autoridades, muy frecuentemente, informan de los viajes ilegales que impiden, y que, por lo general, salen de zonas muy específicas desde la provincia La Altagracia, Azua, Sánchez y Samaná con destino a Puerto Rico.
Naturalmente, no hay estadísticas del número de embarcaciones decomisadas al mes, y más grave aún, cuántas logran burlar la vigilancia y que coronan con éxito sus propósitos.
No es una coincidencia fortuita. Todo apunta a que algo no funciona en ciertas áreas estratégicas del Estado. Habría que examinar el alcance y la eficacia de los programas sociales, los puntos vulnerables que hay en las políticas para generar empleos y la necesidad de leyes que blinden, realmente, los derechos e iniciativas de inversionistas extranjeros. Se trata de tres áreas que demandan especial atención, urgentemente.
