El Senado de la República utiliza, una vez más, el escenario de los medios de comunicación para recordar lo que nadie puede desconocer: que es el organismo del Estado autorizado para designar a todos los incumbentes de la Junta Central Electoral que entrará en funciones para el período 2016-2020.
Es mucho lo que implica esa responsabilidad. No todos los dominicanos reúnen dos condiciones vitales para integrar el organismo: independientes y sin ninguna afiliación política o ajenos a compromisos de alguna naturaleza. Además, otras imprescindibles: suficiente credibilidad y autoridad de decisión.
En cambio, ¿quiénes son los que escogerán a los integrantes de la Junta Central Electoral? ¿Son independientes o están libres de compromisos de cualquier naturaleza? ¿Llegaron a esa posición sin ninguna afiliación política?
Y bajo esas condiciones, ¿podrán, ciertamente, escoger personas ajenas a las condiciones que definen su propia naturaleza?
Son ellos, evidentemente, los responsables. Se trata de todos los integrantes del Senado (o la cantidad de ellos cualificada) los que tendrán esa gran tarea.
Una responsabilidad que ya cuenta con luces y sombras. Esperemos que los resultados no desmientan la voluntad de los discursos y las buenas intenciones. Esperemos que esa idoneidad reclamada se reafirme, porque solo así nuestra democracia podrá crecer y avanzar.
