Vivimos en el siglo de las mediciones. Todos los eslabones de una economía se miden.
Hay formas de establecer el crecimiento humano, de la pobreza, de la calidad de vida, de la educación; y las inversiones sociales que debe garantizar un gobierno para estar en los últimos lugares de los informes y las listas que hacen, periódicamente, los organismos internacionales, muchos bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas.
Hoy sabemos, por ejemplo, cuántos millones de dólares mueve el mercado fronterizo y cuántas familias de nuestro país y Haití tienen una oportunidad de ganarse la vida, como se dice popularmente, dedicados a esa actividad comercial.
Eso es lo que se ve. En ese mercado hay otras cosas que no se ven y que pueden medirse.
El número de personas, adultos, mujeres y niños, que forman parte de esa economía informal, que mueve una masa de dinero, que se conoce, pero que no tiene registros legales.
Ese comportamiento del mercado de Dajabón ya se siente en muchas esquinas de Santo Domingo y parte de otras ciudades importantes de la República Dominicana. Vemos como la solución de un problema, el de ganarse la vida, afecta la vida de los que no son clientes en esos mercados urbanos.
La solución ya no es solamente reclamar el respeto del espacio público.
Los simples desalojos periódicos de los vendedores ambulantes tampoco son una solución, pues al poco tiempo vuelve el mismo problema.
El Gobierno y los ayuntamientos deben ofrecer soluciones más contundentes.
Al país le urge una política migratoria consistente y reglas del juego claras en las relaciones comerciales con nuestro vecino más cercano.
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