Víctor Féliz Solano
La creación de un fideicomiso para la implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en la República Dominicana surge como una necesidad imperiosa para abordar de manera efectiva las limitaciones que han retrasado el desarrollo territorial del país.
La planificación y gestión del territorio son aspectos clave para garantizar un crecimiento ordenado y sostenible, pero la falta de recursos financieros, la burocracia y la débil capacidad técnica en muchos municipios han dificultado el cumplimiento de estos objetivos.
El fideicomiso, en este contexto, se presenta como una herramienta que no sólo aceleraría la ejecución de los POT, sino que también ofrecería una mayor transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos.
El fideicomiso permitiría una administración más profesional y ágil de los fondos destinados a los POT, superando así la burocracia que ha caracterizado a la administración pública en este tipo de proyectos.
Al estar estructurado como una entidad independiente, el fideicomiso tendría la capacidad de captar recursos de diversas fuentes, tanto públicas como privadas, y gestionar su uso de forma eficiente.
Esto es crucial en un país donde muchos municipios carecen de los recursos suficientes para desarrollar y ejecutar sus propios planes territoriales.
Además, al operar bajo un marco fiduciario, se garantizaría la transparencia en la asignación de los recursos, algo que fortalecería la confianza de la ciudadanía y los actores involucrados en estos procesos.
Uno de los mayores beneficios de la creación de un fideicomiso es su capacidad para atraer socios estratégicos que, junto al gobierno, cofinancien los proyectos de ordenamiento territorial.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), a través de su Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, sería un socio clave, proporcionando el marco técnico y normativo para asegurar que los planes estén alineados con los objetivos nacionales.
La Liga Municipal Dominicana también jugaría un rol central al coordinar con los gobiernos locales, facilitando el vínculo entre el fideicomiso y los municipios que necesitan asistencia para desarrollar y ejecutar sus POT.
Esta coordinación sería esencial para asegurar que los fondos lleguen a los municipios con mayores limitaciones, promoviendo un desarrollo más equilibrado y equitativo en todo el país.
El sector privado también debe ser considerado un socio estratégico en la creación de este fideicomiso. A través de la inversión privada, se podrían financiar proyectos de infraestructura clave, como la construcción de redes de transporte, acueductos y viviendas sostenibles, que son fundamentales para el desarrollo territorial.
Empresas del sector construcción, bancos y fondos de inversión podrían estar interesados en participar, ya que el fideicomiso garantizaría un retorno claro y seguro, gracias a la transparencia y profesionalidad en su manejo.
Además, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial han mostrado interés en financiar proyectos de ordenamiento territorial en el país y podrían ser aliados naturales en la cofinanciación del fideicomiso, aportando tanto recursos como asistencia técnica para garantizar el éxito de los proyectos.
La implementación de un fideicomiso tendría un impacto transformador en la ejecución de los POT. En primer lugar, permitiría superar la fragmentación institucional y los problemas de coordinación que han obstaculizado la planificación territorial en el pasado.
Al centralizar los recursos y las decisiones clave en una entidad independiente, se garantizaría una mayor coherencia en la implementación de los planes.
Asimismo, el fideicomiso podría actuar como un mecanismo redistributivo, asegurando que los municipios con menos recursos reciban el apoyo necesario para desarrollar proyectos esenciales. Esto sería especialmente beneficioso para las áreas rurales, que a menudo han quedado rezagadas en términos de inversión en infraestructura y servicios.
El impacto del fideicomiso no se limitaría al desarrollo de infraestructura, sino que también contribuiría al fortalecimiento institucional.
Los gobiernos locales podrían beneficiarse de programas de capacitación financiados por el fideicomiso, lo que les permitiría desarrollar la capacidad técnica necesaria para gestionar y actualizar sus propios planes territoriales en el futuro. Esto, a su vez, generaría un ciclo virtuoso de planificación más eficiente y desarrollo más equilibrado.
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