La Ley 5-13 sobre Discapacidad delega en Conadis procurar que empresas incluyan a estas personas.
El informe Identificación de personal con discapacidad en las empresas, publicado recientemente por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), pone el dedo en la llaga de una realidad que la ley no ha conseguido trocar: la falta de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad.
De conformidad con los datos, solo el 5.6 % de las empresas que respondieron al módulo “personal en situación de discapacidad” dijo tener empleados con alguna condición.
Un abrumador 94.4 % respondió negativamente.
El parámetro clasificatorio de la discapacidad utilizado en el informe es el creado por el Grupo Washington, un equipo de estudio de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, a saber, audición, visión, movilidad, comunicación y cognición.
Vigente desde el 16 de enero de 2013, la Ley No. 5-13 sobre Discapacidad delega en el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) procurar que las empresas públicas y privadas incluyan en su nómina a personas con discapacidad con salarios y protección contra los abusos iguales que los del resto de los empleados.
La ley va a más cuando establece cuotas de participación obligatorias para ambos sectores: nunca inferior al 5 % en el público y de 2 % en el privado, empleos que deben proveer entornos adaptados e inclusivos.
Para incentivar la empresa privada a cumplir con su porcentaje, se le concede deducirlo de sus obligaciones fiscales.
Los resultados del informe echan un balde de agua fría sobre las expectativas de la ley, no solo por la escasa respuesta, sino también por las discapacidades más frecuentemente identificadas: problemas de visión (49.2 %), para caminar o subir escalones ( 31.8 %), de memoria o concentración (25.9 %), y de audición (14.7 %).
Dado que el informe no registra el grado de las discapacidades observadas, se dificulta colegir hasta dónde afectan la funcionalidad de las personas y, por ende, su productividad-rentabilidad para la empresa.
En todo caso, la mayoría se concentra en la categoría “obreros u operarios”, con un 52.9 %, es decir, en oficios manuales o eventualmente técnicos.
Política de inclusión
Desalentador tiende a ser también que solo el 11.6 % de las empresas posean políticas de inclusión laboral.
Peor aún: del 5.6 % de las que emplean personas con discapacidad, el 59.7 % “no ha adoptado ninguna medida para promover un ambiente laboral más equitativo y accesible para todos”.
El documento es rico en datos, si bien se echa en falta la cuantificación numérica de personas con discapacidad laboralmente activas, que permitiría abordar con mayor precisión la amplitud de oportunidades de que disponen en relación con la población empleada total.
Además de estas constataciones, que ya es bastante, queda ante nuestros ojos el largo camino por recorrer para lograr que las empresas y el propio Estado se conviertan en agentes activos de la inclusión y en promotores del derecho constitucional al trabajo de todas las personas. Y cuando se dice todas, son todas.
En las empresas
— Sector eléctrico
El sector de suministro de electricidad destaca por tener el mayor porcentaje de empresas con personal que reporta dificultades para recordar o concentrarse, con un 15.6 %. Le sigue el sector de construcción con un 6.0 %.
