Santo Domingo.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, solicitaron a las delegaciones de los gobiernos y de la sociedad civil de América Latina y del Caribe que participan en la Semana Climática Regional que emitan una enérgica resolución a favor de la paz mundial.
Este martes fue inaugurada oficialmente la Semana Regional del Clima de América Latina y el Caribe, en el Hotel Embajador, de esta ciudad de Santo Domingo. El cónclave internacional sesionará hasta este próximo viernes.
Las entidades expresaron que el establecimiento de la paz mundial es precondición para enfrentar y superar el cambio climático y sus efectos extremos.
“¿De qué nos sirve lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y los avances hacia la neutralidad de carbono si la conflagración nuclear destruye nuestra civilización y los cimientos de la vida humana?” se preguntaron.
Manifestaron que al riesgo que representa el cambio climático para la humanidad, se suma en este momento la amenaza de una inminente guerra nuclear que en muy poco tiempo puede erradicar al género humano de la faz del planeta.
“En este preciso momento en que vivimos la humanidad, la agenda climática coincide y se debe convertir en la agenda por la paz mundial”, proclamaron.
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Demandaron que la Semana Climática Regional exija el inmediato cese del fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania, el inicio de negociaciones diplomáticas como la única vía para solucionar éste y los demás conflictos armados existentes en el mundo, la desmilitarización de los presupuestos de los Estados, y el desmantelamiento de las armas nucleares.
Invitaron a la Semana Climática Regional a que se una al llamado que ha formulado el papa Francisco, quien ha implorado el abandono de las armas y el restablecimiento del diálogo entre hermanos y hermanas.
Las organizaciones también reclamaron que se abandone el uso de todos los fósiles, que no se vuelvan a abrir nuevos pozos de hidrocarburos ni en tierra ni en aguas profundas, especialmente en América Latina y el Caribe, y se impulse de manera eficiente, masiva y rápida la transición hacia energías de fuertes renovables.
“Nos oponemos al extractivismo que explota sin límites nuestros recursos humanos y naturales, que es responsable de una gran parte de las emisiones de carbono y deforesta inmensas áreas de la Amazonia y de otras selvas y bosques de América Latina y el Caribe”, manifestaron.
Plantearon que si se aplicara la justicia climática para que los mayores responsables del cambio climático, a nivel de los grandes países industrializados y del gran capital financiero, asuman su responsabilidad por el calentamiento y la contaminación de la atmósfera, se podrán cumplir las metas climáticas establecidas en la Conferencia de París y en las sucesivas cumbres climáticas.
Afirmaron que es de justicia que las naciones desarrolladas, grandes emisores de gases de efecto invernadero, paguen los daños causados por los efectos extremos del cambio climático en los países de América Latina y del Caribe, especialmente los desastres productos de la sequía y de los huracanes.
Indicaron que también esos países grandes emisores de carbono deben financiar la mitigación y la erradicación de las causas que originan la migración de gran parte de la población expulsada de sus territorios por la extrema pobreza, por los desastres climáticos y por la violencia.
“Los países centrales deben proveer los recursos necesarios para que la población migrante sea acogida en los países de su destino y allí puedan vivir una vida decente. Entre nuestros pueblos no se deben levantar muros fronterizos de odio, sino por el contrario, tender puentes solidarios y de ayuda mutua”, aseguraron.
Formularon una exhortación a los Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú para que no dilaten por más tiempo la adopción de ese convenio regional. “No existe ni una sola razón válida para no ratificar este Acuerdo”, precisaron.
Explicaron que la vigencia en todos los países del Continente del Acuerdo de Escazú permitirá una mejor defensa de los derechos de la naturaleza, impulsar importantes avances en la lucha contra los fósiles contaminantes y empobrecedores, y un estado de derecho más sólido y garantista.