SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas imputadas por su vinculación con una estructura criminal dedicada a la piratería digital, desarticulada a través de la Operación Domo.
Los acusados, Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luis Torres López, enfrentan cargos por violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano y de varias compañías internacionales.
La jueza Ana Lee Florimón aplazó la audiencia para el próximo jueves 25 de septiembre a las 9:00 de la mañana, cuando se retomará el conocimiento de la medida de coerción.
Al ofrecer declaraciones tras la audiencia, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, subrayó la importancia de la Operación Domo, destacando que esta acción permitió desarticular una red dedicada a la distribución ilegal de contenido audiovisual protegido, mediante la reventa de señales de televisión y plataformas de streaming.
La estructura operaba tanto a nivel local como internacional, afectando a empresas de producción y distribución audiovisual reconocidas en todo el mundo.
“La piratería constituye un atentado directo contra la propiedad intelectual, y quienes se lucran de contenidos protegidos sin autorización socavan el trabajo de productores, creadores y empresas legítimas”, señaló Ramos. Añadió que aún hay personas vinculadas al caso que permanecen prófugas, a quienes exhortó a entregarse voluntariamente.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por un equipo de fiscales encabezado por los procuradores de corte Jonathan Baró Gutiérrez y José Agustín de la Cruz Santiago, de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) y la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), junto a la fiscal Rosalba Ramos.
La Operación Domo fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en conjunto con diversas unidades especializadas como la UPI, Pedatec, la Procuraduría contra el Lavado de Activos, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
Asimismo, contó con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, como el Dicat y el Deidet, así como la cooperación internacional del Departamento de Justicia y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
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