El Día 
Hace unos días expresamos por este mismo medio nuestra opinión en el sentido de que, si bien era un gesto noble, casi indeclinable, que nuestro Presidente ofreciera tropas dominicanas para realizar determinadas tareas humanitarias en Haití, lo inteligente y lo correcto por parte de Preval y el Estado haitiano era rechazar el ofrecimiento, por razones obvias.
Pero sucedió lo que no queríamos: Haití aceptó que una mínima representación de las Fuerzas Armadas dominicanas participara en tareas de vigilancia en la carretera haitiana que une a Jimaní con Puerto Príncipe, o sea unos escasos 60 kilómetros.
Una honda preocupación embargó nuestro espíritu, de sólo imaginar lo que se podría desencadenar si tan sólo, con razón o sin ella, un soldado dominicano le diera un empujón a un ciudadano haitiano en su propio país, o si, a la inversa, un haitiano le propinara una pedrada a un guardia criollo.
De ahí la tranquilidad que recobramos cuando nos enteramos del punto de vista del presidente de la Cámara de Diputados, cuando dice que la nueva Constitución obliga al Presidente de la República a buscar la aprobación del Congreso para poder mandar tropas al extranjero. Antes, esa aprobación congresional no era necesaria.
De ser correcta esa apreciación, estaríamos en presencia de la primera consecuencia positiva de la nueva Carta Magna.
¡Bienvenida sea!
