Sobre “Reinventar la UASD”
Estimado director de EL DÍA:
En aras de edificar y corregir algunos yerros, en su editorial del periódico EL DÍA de fecha martes 7 de febrero 2017, titulado “Reinventar la UASD”, solicito a usted enmendar las afirmaciones publicadas en el sentido que detallo a continuación.
Su editorial afirma que “la obligación constitucional que tiene el Estado de garantizar la educación gratuita a los dominicanos se limita al nivel preuniversitario”.
Le aclaro que la Constitución, en su artículo 63 numerales 3 y 7, ordena el financiamiento de la educación superior, pero de carácter público, y garantiza la libertad de cátedra.
En el numeral 3 la Constitución dice: “El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio.
La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley”.
En el numeral 7 la Constitución señala: “El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los” centros y universidades públicas, de conformidad con lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra”.
Como verá usted, la educación superior privada no se menciona en la Constitución y por ende el Estado no está obligado a financiarla; por lo que el financiamiento por parte del Estado a la educación superior privada constituye una distorsión constitucional.
La educación superior privada tiene rango legal y la ayuda que el Estado le puede brindar se apoya conforme a la Ley No. 139-01 que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, cuyo marco legal contempla las exenciones, según el artículo 91 de dicho instrumento legal.
Facilitar un financiamiento al sector de educación superior privado no es un mandato constitucional, el mandato constitucional y legal es únicamente para el sector de educación superior público.
*Por Ing. Carlos Julio Matos Espinosa
leídas