Un reconocido empresario comentaba en una ocasión que la mayoría de los principios económicos fundamentales para la administración del Estado son similares a los que se usan para llevar adecuadamente la economía de una familia.
Y tenía razón.
Tanto en el entorno familiar como en el Estado en momentos de dificultades económicas se reducen los gastos no prioritarios hasta llegar al punto de equilibrio, en función de los ingresos percibidos o proyectados.
Lo mismo puede aplicarse con los financiamientos. Si un préstamo permitirá generar ingresos con los cuales hacerles frente a las cuotas y mejorar los ingresos futuros, resulta aconsejable recurrir a ellos en momentos de falta de capital.
No es lo mismo tomar un préstamo para atender lujos, confort o gastos postergables, quizás permitidos en situaciones de holgura, que tomarlo para esos mismos fines en momentos de constreñimiento económico.
Pareciera asunto de sentido común.
La lista de ejemplos sería muy larga.
La lógica antes expuesta se le aplica a la propuesta de emisión de bonos soberanos planteados con vigor por influyentes funcionarios del área económica del Gobierno.
Sólo sería aceptable la emisión si esos recursos se dedican a inversiones públicas cuyos niveles de rentabilidad para la economía nacional sean superiores a los intereses que se pagarían por ellos.
Tampoco resulta aconsejable emitir más de lo que se está en capacidad de invertir en un tiempo razonable, pues se pagarían intereses por un dinero que se tendría pasivo.
La emisión de bonos debe ser antecedida de una ley que establezca la cantidad que se emitirá y a qué se dedicará cada centavo, con las respectivas sanciones penales para quienes violenten lo que en esa legislación se establezca. Y en procura de la transparencia del uso de unos fondos que pagaremos todos, la nación debe conocer el cronograma de inversión con cada desembolso.
Es más simple de lo que parece.
