La compra de votos es un delito electoral.
Quien compra votos se convierte en delincuente.
La comisión de delitos infragantis no requiere de orden judicial para producir un arresto.
Durante las primarias del 6 de octubre la compra de votos estuvo a la vista de todos, incluyendo una Policía Militar-Electoral que no se le vio actuando frente a ese delito.
Hubo negligencia por parte de las autoridades electorales que durante esos procesos tienen el mando de la Policía-Militar Electoral.
Estas premisas, sin embargo, no justifica que nadie intente tomar la justicia por sus manos, porque quien así lo intentara estaría cometiendo también un acto delictivo y, por consecuencia, pasaría a convertirse en delincuente.
La Junta Central Electoral, como administradora del proceso electoral y por tener bajo su mando la Policía Electoral, está en la obligación de impedir en las elecciones de febrero y mayo próximo que se repita el vergonzoso mercado que se implementó alrededor de muchos recintos electorales.
El reparto de dinero fue evidente y muy documentado, sin embargo, no se reportó ni un solo arresto por la comisión infragantis de ese delito tipificado en la legislación vigente.
Resulta indignante escuchar a “estrategas”, candidatos y dirigentes políticos hablar con tanta tranquilidad de la utilidad de tener mucho dinero para repartir en el día de las elecciones, incluso lo ponen como condición indispensable para ganar procesos electorales.
Esperamos de la Junta un pronunciamiento sobre esa práctica ilícita y evidente.
Esperamos que en las elecciones de febrero se produzcan arrestos a los que sean sorprendidos dando dinero a los votantes.
Así se estaría generando confianza para las elecciones de mayo y sería un paso hacia el camino del adecentamiento de los procesos comiciales.
