El caso de la sentencia ordenando el reintegro y el pago de una indemnización a favor de Pedro Julio Goico Guerrero ha abierto un acordeón de interrogantes que no pueden ser sometidas a la dictadura del silencio.
El Ministerio de Defensa debe explicar por qué su representante ante el Tribunal Superior Administrativo hizo causa común con su demandante y accediera a que la institución que representaba fuera condenada.
La explicación se hace más necesaria luego de que ministro de Defensa anterior ha confirmado que el demandante había sido indemnizado por la misma razón que ahora sometía al Ministerio de Defensa.
La población tiene derecho a saber la real situación jurídica del caso en cuestión para determinar si se ha actuado conforme al derecho o si, por el contrario, ha habido negligencia o si fue algún acto de complicidad para sacar provecho del Estado.
La Junta de Jubilaciones de las Fuerzas Armadas ha preferido no dar la cara ante esta situación que le atañe a ella directamente. Olvidan que ese no es un tema de «seguridad nacional», sino del uso de fondos públicos.
Las informaciones que hasta ahora se manejan conducen a la creencia de que estamos frente a un acto en el que se intenta burlar al Estado y sus instituciones.
Si al señor Pedro Julio Goico se le violentó algún derecho y se le debía indemnizar por ello, es de justicia que se haga. Pero si se trata de una jugarreta para engañar al Estado, todos los responsables deben pagar las consecuencias.
Hay que poner todas las cartas sobre la mesa para que se llegue a las conclusiones correctas.
