La empresa brasileña Odebrecht ha desatado una tormenta continental al confesar ante autoridades estadounidense el pago de sobornos en doce países para la consecución de contratos.

Entre las naciones mencionadas está la República Dominicana, donde Odebrecht ha conseguido 18 contratos para la construcción de importantes obras.

Los ejecutivos que hicieron la confesión, con implicaciones jurídicas por las que ya están pagando, saben perfectamente la diferencia que existe entre el pago de servicios a representantes o ‘lobistas’ y el pago de soborno.

El primer caso no tendría implicaciones penales, pero el segundo sí.

El término soborno solo puede ser aplicado a servidores públicos que reciben dinero para beneficiar a un tercero, acción penada por la justicia de casi todos los países, incluyendo la República Dominicana.

El Ministerio Público no puede quedarse en la persona que recibió el dinero para el confesado pago de sobornos, sino que tiene que llegar hasta quienes lo recibieron.

Para que haya delito y el caso pueda ser judicializado con alguna esperanza de éxito, se necesita determinar quién recibió dinero de soborno.

Pero las investigaciones tampoco pueden quedarse ahí, pues hay que determinar si el Estado dominicano pagó el precio justo.

Las autoridades judiciales enfrentan la gran responsabilidad de dejar satisfecha a una población que se siente timada y reclama que todas las dudas sean esclarecidas y que si alguien cometió delito, pague por sus culpas.