En enero pasado el Partido Revolucionario Dominicano vivió una situación de extrema tensión con enfrentamientos a tiros en medio de la celebración de una reunión del Comité Ejecutivo Nacional en la Casa Nacional de esa entidad.
Desde entonces, el partido blanco ha visto agudizar las diferencias internas entre los bandos del expresidente Hipólito Mejía y Miguel Vargas, hasta el punto que un posible diálogo parece imposible a larga vista, ante la disputa por el control de la organización y el pleito ya vigente por la candidatura presidencial de 2016.
En medio de las presiones y la agudización de la crisis, Miguel Vargas ha prometido convocar el CEN para dilucidar lo relativo al cambio de autoridades internas y programar sobre la celebración de la convención para febrero venidero.
Otra amenaza de confrontación se avizora con el anuncio de la facción de Hipólito Mejía de que acudirá a la reunión de ese organismo perredeísta, en el lugar y la hora que programen Miguel Vargas y su bando.
¿Una sorpresa?
En los pasillos del Congreso Nacional circula la versión de que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, podría ser reemplazo de ese cargo y en lugar sería puesto un legislador que responde a los intereses del presidente Danilo Medina.
El posible beneficiado es un cercano colaborador del Mandatario y quien jugó un papel importante en las pasadas elecciones presidenciales de mayo. Esto suena en el Congreso Nacional, mientras todo el mundo espera que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana emita la última palabra.
Servicio eléctrico
Las quejas vuelven a escucharse en diferentes sectores del Distrito Nacional y del interior por las interrupciones en el servicio energético, principalmente por la parte comercial, ya que la suspensión se prolonga por más de siete y hasta ocho horas.
La gente exige una mayor eficiencia cuando también protesta por alzas en las facturaciones de cada mes.
La proyección de alguna mejoría por parte del Gobierno está cifrada en la construcción de dos plantas a carbón y gas natural, incrementando así la oferta del Estado, mientras existen las deficiencias de parte de las empresas de distribución de electricidad en incrementar las cobranzas y reducir el robo de la energía en diferentes barrios calificados vulnerables.
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