El Día 
Miguel Franjul mientras presentaba el informe en la SIP.
SANTO DOMINGO.- El vicepresidente Regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, Miguel Franjul, advirtió ante la 74 Asamblea General de la SIP sobre varios proyectos de leyes que amenazan la libertad de expresión en la República Dominicana.
Al presentar un informe sobre la situación de la libertad de prensa en la República Dominicana ante asamblea de la SIP reunida en Salta, Argentina, Franjul afirmó que la aprobación de una nueva ley de partidos y agrupaciones políticas que incuba limitaciones al derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, y otro proyecto legislativo en curso en el Congreso Nacional para imponer porcentajes y tarifas a la publicidad en los medios de comunicación, han despertado las alarmas en la prensa independiente de la República Dominicana.
Dijo que ambas iniciativas, que vienen a unirse al proyecto para establecer una Ley de Medios de Comunicación, actualmente bajo estudio de una comisión bi-cameral del Congreso, abren de nuevo el camino para una renovada lucha en la defensa de la libertad de prensa y expresión.
Por otro lado, destacó que por primera vez no hay agresiones físicas desde el Gobierno.
A continuación el texto íntegro del informe:
Informe sobre la situación de la libertad de prensa en la República Dominicana ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa reunida en Salta, Argentina, del 19 al 23 de octubre del 2018.
La aprobación de una nueva ley de partidos y agrupaciones políticas que incuba limitaciones al derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, y otro proyecto legislativo en curso en el Congreso Nacional para imponer porcentajes y tarifas a la publicidad en los medios de comunicación, han despertado las alarmas en la prensa independiente de la República Dominicana ante los imprevisibles alcances que pudieran tener tales normativas.
Ambas iniciativas, que vienen a unirse al proyecto para establecer una Ley de Medios de Comunicación, actualmente bajo estudio de una comisión bi-cameral del Congreso, abren de nuevo el camino para una renovada lucha en la defensa de la libertad de prensa y expresión enfrentando las posibles cortapisas que podrían afectarla con dichas legislaciones.
En el caso de la recién promulgada ley número 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, esta va mas allá de su propósito original de regular la constitución y el funcionamiento de estas entidades, y se excede con disposiciones que castigan con penas de multas y prisión la «difusión de mensajes negativos, a través de las redes sociales,que empañen la imagen de los candidatos» (Articulo 44 numeral 6).
Para disponer de estas penalidades, la ley de partidos se apoya en artículos de la ley 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnología, pero lo preocupante es que en ella subyace un implícito atentado contra derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República, entre ellos el de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información pública.
Ya ha sido introducido un recurso de inconstitucionalidad para anular esta parte de la ley, bajo el argumento de que en una campaña electoral la ciudadanía tiene derecho a obtener información relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva, pues la información garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones públicas y, por ende, fortalecer la democracia. Además existen en el Código Penal y en otras disposiciones, normas que regulan la difamación y la injuria, si fuese el caso.
Los temores que aviva esta ley es que, caprichosa o subjetivamente, abre campo a infinidad de supuestos para tipificar o calificar entre lo «negativo» o lo «positivo» de una expresión sobre un candidato o para medir el grado de daño a la imagen de este, ya que ninguno de estos calificativos guardan relación con la veracidad de la información o invaden el ámbito de la privacidad. Con esto se corre el riesgo de que cualquier ciudadano que se haga eco de la información de una red social sea pasible a penas de prisión de hasta dos años, mas las multas.
Por otro lado, los periódicos miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios han llevado al Congreso sus formales objeciones a la aprobación de una Ley General de Publicidad que fijaria porcentajes, comisiones y tarifas a los avisos publicitarios que insertan los medios impresos, abriendo el camino a la intervención directa del Estado en la intermediación y en los marcos de negociaciones y fórmulas entre clientes y medios.
La Sociedad de Diarios ha dicho que esta ley colidiría con otras vigentes y podría generar conflictos y situaciones confusas y convertirse en una camisa de fuerza de carácter legal que limitaría la capacidad creadora de las partes en el sector privado para asegurar sus estrategias publicitarias.
En otro orden de ideas, la prensa libre dominicana mantiene su línea de oposición a la aprobación de varios artículos del proyecto de Ley de Medios de Comunicación que establecen penas de prisión para algunos «delitos de palabra» o disposiciones que obligarían a los periodistas a informar a las autoridades sobre planes o actos subversivos del que tuvieren conocimiento y a identificar a los probables implicados, so pena de ser considerados cómplices de esos actos ilícitos.
Los diarios independientes han preparado un borrador de sus propuestas para alcanzar una legislación que respete de manera absoluta y amplia las conquistas consagradas en el estado social y democrático de derechos, que ha establecido la Constitución dominicana. Este borrador será discutido próximamente en el seno de la comisión bilateral designada por el Congreso para buscar consenso sobre la pieza.
En paralelo a estas iniciativas, El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) sometió ante el Senado, un proyecto que modifica la Ley 10-91, que crea a esa institución, que procura, entre otras cosas, regular el ejercicio del periodismo, los cargos que deben ser ejercidos por periodistas en los medios de comunicación, las atribuciones del CDP y los requisitos para ser miembros de la institución.
También, incorpora nuevos capítulos referentes a la independencia del periodista, la confidencialidad de la fuente, el libre acceso a la información, el derecho de identificación de sus trabajos, de su reproducción fiel y los derechos de réplica y respuesta.
Hay que recordar que, en la década de los noventas, el Congreso Nacional, declaro inconstitucional la referida ley porque estipulaba la colegiación obligatoria de los periodistas.
Finalmente, por primera vez, en este último semestre del año, no se han producido agresiones de ningún tipo, contra periodistas por parte de las autoridades públicas, sino incidentes entre reporteros y ciudadanos comunes y corrientes en la cobertura de eventos.
MIGUEL FRANJUL
DIRECTOR DEL LISTIN DIARIO Y VICEPRESIDENTE REGIONAL DE LA COMISION
DE LIBERTAD DE PRENSA DE LA SIP PARA LA REPUBLICA DOMINICANA
