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Santo Domingo.- Las Centrales Sindicales calificaron este jueves como desafortunado la decisión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), de cargar a la cuenta de los afiliados la pérdida de sus ganancias bajo el argumento de una alegada apreciación del peso dominicano.
Afirmaron que la situación es una violación al artículo 103 de la Ley 87- 01, sobre garantía de rentabilidad mínima y sin que la Superintendencia de Pensiones haya realizado los cálculos correspondientes.
La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNIJS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) pidieron al presidente Luís Abinader, a la Superintendencia de Pensiones, al Consejo de la Seguridad Social y a las administradoras de pensiones explicar cuál es la situación que afecta a los afiliados.
Resaltaron que el artículo 103 establece que: «Todos los afiliados al sistema previsional disfrutaran de una garantía de rentabilidad mínima real en su cuenta individual».
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Mientras que, el artículo 104, destaca que «todas las AFP deberán mantener con carácter obligatorio una cuenta denominada garantía de rentabilidad, destinada exclusivamente a completar la rentabilidad mínima exigida por la Ley 87-01 y sus normas complementarias cuando la rentabilidad real resulte insuficiente»
«Queda claro que hay una violación a la ley y con esto se demuestra que las AFP prefirieron no afectar sus ganancias, que de paso hay que decir, que sus porcentajes de rentabilidad son los más altos de la región, y prefirieron que fueran sus afiliados, trabajadores y empleados, los que vieran disminuir sus ahorros lo que les afecta lo acumulado para sus pensiones», indicaron.
Los dirigentes sindicales que conforme con lo que señala el artículo 106 de la actual Ley 87-01, el Estado es el Garante final del adecuado funcionamiento del sistema previsional, de su desarrollo, evaluación y readecuación periódicas, así como del otorgamiento de la pensiones a todos los afiliados.
La rueda de prensa fue encabezada por Rafael Abreu (Pepe) de la CNIJS, Gabriel del Río de la CASC y Jacobo Ramos, de la CNTD, quien fungió como vocero.
