En el país se recurre a eufemismos cuando no se quiere poner el dedo sobre la llaga. En ese orden, a toda la descomposición social que vivimos, que incluye, auge del narcotráfico, asaltos, muertos que aparecen con disparos en la cabeza en lugares inhóspitos, se le llama “nueva realidad”.
El presidente de la República ha puesto como una prioridad combatir la inseguridad ciudadana, uno de los problemas que más preocupa a la población, según reflejan las encuestas.
Se ha auxiliado de la tecnología para hacer una especie de “mapa del delito”, que le permite a las autoridades no andar a ciegas.
La tecnología ha demostrado que la mayor parte de las muertes no son generadas por acciones propiamente criminales, sino fruto de la violencia social vinculadas a la nocturnidad, el alcohol, la droga y las armas.
Esa violencia social evidente aporta mucho a la inseguridad y a las preocupaciones de los ciudadanos.
A todos los niveles del Ministerio Público, la Policía Nacional, juristas, académicos y políticos, les preocupa la inseguridad ciudadana.
En esa discusión ha sido puesto sobre la mesa el Código Procesal Penal, el cual es considerado como “muy garantista” y a lo mejor tienen razón, pero la correcta aplicación de las disposiciones del vigente Código Penal puede ayudar mucho a combatir el crimen.
Hay quienes plantean sus críticas de manera abierta al Código Procesal Penal, llamándole, incluso, el “código de la delincuencia”, por la porosidad que presenta, y que a la vez permite dejar en libertad, y con suma facilidad, a muchas personas que delinquen.
No hay fórmulas mágicas, pero no hay dudas de que cualquier solución requiere la integración de la población y que cada quien asuma responsabilidades frente a la sociedad y con las leyes como guía.
