Todo parece indicar que el Senado de la República aprobará la propuesta Ley General de Salarios para el sector público sin hacer excepciones que favorezcan a determinados funcionarios. ¡Muy bien!
De ser así, el proyecto de ley correspondiente pasará a la Cámara de Diputados, donde esperamos que corra la misma suerte.
Es necesario hacer valer, aunque sea por una vez, el cacareado principio de que las leyes son iguales para todos, y que todos somos iguales ante la ley.
En este caso, los legisladores no deben ceder a presiones turbias ni a favores envenenados tendentes a establecer favoritismo para los funcionarios de algunas dependencias autónomas del Estado, sea cual sea el pretexto que se busque para tratar de favorecer tan injustificado privilegio.
La crisis económica que vive el mundo, y la propia situación económica de nuestro país, nos obligan a adoptar medidas extremas.
Es hora ya de poner término a esos salarios escandalosos que convierten a determinadas funciones oficiales en botín de piratas, en vez de oportunidad para ejercer la vocación de servicio.
Que no se dobleguen los senadores y diputados. Que se mantengan firmes. Que rechacen las exclusiones.
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