La cuestión fiscal es un quebradero de cabeza para el Estado dominicano.
Una parte, quizá muy ínfima, de ese problema se trata de corregir mediante una ley muy abarcadora, ya que pretende recomponer los entuertos de la abrumadora evasión fiscal mediante la erradicación del comercio ilícito, el contrabando y la masiva falsificación de productos regulados.
El escenario a controlar es amplio y se extiende a otros territorios de la región que inciden en lo que en materia de comercio se hace en el país. A diario, y de mil maneras, se vulneran las inversiones de empresarios a través de prácticas ilícitas.
Y todo tiene que ver con el crecimiento de los empresarios establecidos y el debido control que debe garantizar el Estado para que paguen los que pagan siempre.
Y que esto, a la vez, se convierta en un muro de contención, un mensaje contundente para que no prolifere la práctica evasora de todo ese universo de las sombras compuesto por una red de malhechores, y que involucra a tantas personas, sin un rostro responsable y conocido públicamente.
No hay forma de cuantificar cuántos millones de pesos pierden los empresarios responsables y el pueblo dominicano, a través de la evasión de los impuestos que debe recibir el Gobierno para su reinversión en políticas públicas e infraestructuras para el desarrollo.
El gran reto del Gobierno está en hacer, sin demora, lo que nunca se ha hecho para erradicar todos los males conjugados y que merman de manera muy sensible la política fiscal del Estado.
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