En la burocracia dominicana reina un ambiente de misterio, un afán de no decir abiertamente todo lo que se sabe, sobre todo cuando se trata de asuntos públicos que todo el mundo tiene derecho a saber.
El colmo es que un legislador Alfonso Crisóstomo-, amenaza con someter al Congreso un proyecto de ley para hacer más difícil a los ciudadanos obtener cualquier información pública, porque hay cosas que él considera que el pueblo no tiene derecho a saber. Desde luego, su moción será rechazada, a menos que el Congreso Nacional entero esté loco o tenga mucho que ocultar.
Pero la cultura del misterio no es exclusiva del cuerpo legislativo. Un departamento de la Procuraduría General de la República (la Unidad Nacional contra el lavado de activos) ha anunciado que investiga a seis personas políticamente expuestas por el manejo de transacciones bancarias millonarias en dólares, pero guarda en secreto sus nombres y no sería riesgoso apostar a que esos nombres no se conocerán nunca.
Como ya han señalado algunos actores políticos del patio, con el silencio oficial en este caso lo único que se logra es arropar bajo la misma sombra de sospecha a todos los funcionarios de la administración pública, honestos o no, pues la duda es escurridiza y, como el agua, se cuela entre los dedos, por muy apretada que tengamos las manos.
Transparencia, señores, es lo que necesitamos. El silencio, el misterio y el ocultamiento de la verdad solo conducen a la impunidad, y de la impunidad a la corrupción no hay más que un paso.
