EL DÍA tiene años propugnando por la aprobación de una ley de Extinción de Dominio para evitar que personas condenadas por delitos logren salvar grandes fortunas utilizando brechas que tiene nuestro sistema legal.

El mejor ejemplo lo tenemos en los narcotraficantes que han logrado negociar penas benignas en Estados Unidos luego de ser extraditados y retornan al país a disfrutar parte importante de las fortunas obtenidas de sus actividades ilícitas.

Incluso en algún momento hemos cuestionado la pertinencia de las extradiciones porque ese procedimiento ha devenido en un premio para los criminales dominicanos juzgados en Estados Unidos.

Igual ocurre cuando se trata de la llamada delincuencia de cuello blanco, en que personas condenadas por actos delictivos logran librar grandes fortunas obtenidas por sus actividades ilícitas, pero que el sistema judicial termina validándolas con condenas benignas.

Pero en nombre de reparar esa deficiencia no podemos correr el riesgo de torpedear pilares del Estado de derecho como son respeto a la propiedad, la no irretroactividad de las leyes, la presunción de inocencia y la preservación de la seguridad jurídica.

El populismo jurídico puede generar grandes males y en este caso en particular debemos cuidar que el remedio no sea peor que la enfermedad.

Ninguna ley puede depender de la buena voluntad de quien la aplica ni dejarle instrumentos que el poder pudiera utilizar en algún momento para dañar a adversarios o cometer atropellos.