Extorsión y difamación: lado oscuro de las redes sociales

Santo Domingo.- En República Dominicana, las redes sociales dejaron ser simples espacios de interacción social para convertirse en escenarios donde se libran nuevas formas de criminalidad. Plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp yTikTok son hoy utilizadas no solo para informar o entretener, sino también como herramientas para la extorsión, la difamación, el chantaje y el robo de identidad, delitos que crecen de forma acelerada y afectan tanto a ciudadanos comunes como a figuras públicas.

Uno de los delitos de mayor expansión en el país es el robo de identidad, tipificado en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castiga estas conductas con penas que van desde tres meses hasta siete años de prisión, además de multas que oscilan entre dos y doscientos salarios mínimos. Sin embargo, a pesar de su penalización, expertos coinciden en que el auge de las redes sociales y la velocidad con la que circula la información han facilitado que los ciberdelincuentes perfeccionen sus métodos y amplíen su alcance.

La sextorsión

Entre los distintos mecanismos de extorsión digital, la sextorsión se ha consolidado como el más frecuente en la República Dominicana. Este delito consiste en amenazar a una persona con difundir imágenes, videos o conversaciones de contenido íntimo si no entrega una suma de dinero u otro tipo de beneficio.

Los ciberdelincuentes suelen crear perfiles falsos, generalmente haciéndose pasar por mujeres jóvenes, para establecer contacto con sus víctimas. A través de un proceso gradual de seducción, ganan su confianza e incentivan el intercambio de material sexual —práctica conocida como sexting— hasta que la víctima queda atrapada en una red de chantaje.

Expertos en telecomunicaciones advierten que estas estructuras criminales no actúan al azar. Antes de ejecutar la extorsión, los delincuentes realizan una investigación previa de sus objetivos: analizan redes sociales, estilo de vida, fotografías, comentarios y cualquier señal que revele solvencia económica o reputación pública. Una vez identificada la vulnerabilidad, procede la amenaza: pagar o enfrentar la exposición pública ante familiares, amigos o contactos laborales.

Facebook continúa siendo la plataforma más utilizada para este tipo de delito, seguido por Instagram y aplicaciones de mensajería instantánea. De acuerdo con especialistas, muchas de estas operaciones son ejecutadas por bandas organizadas que operan desde “call centers” internacionales, en coordinación con colaboradores locales.

Difamación y chantaje como negocio digital

La extorsión digital en el país no se limita al ámbito privado. En los últimos años, también ha surgido un fenómeno preocupante: el uso de redes sociales y medios digitales como herramientas de difamación, injuria y chantaje con fines políticos o económicos.

El año pasado, la opinión pública dominicana fue sacudida por una ola de indignación tras la proliferación de campañas de descrédito dirigidas contra reconocidos periodistas, utilizando plataformas digitales para difundir informaciones falsas. Uno de los casos más notorios involucró a los comunicadores Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez, quienes fueron acusados sin pruebas de recibir pagos mensuales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La información fue difundida inicialmente por Juan Aníbal Arrendel, quien más tarde admitió que los datos eran una invención. No obstante, el daño reputacional ya estaba hecho. Otros comentaristas e influencers replicaron la versión falsa, intensificando el ataque mediático. Los periodistas afectados optaron por acudir a los tribunales, sometiendo por difamación e injuria tanto al autor original como a quienes amplificaron el contenido.

Este tipo de casos revela cómo la desinformación puede convertirse en un instrumento de presión, descrédito y, en algunos contextos, extorsión indirecta, al afectar la credibilidad profesional y la vida personal de las víctimas.

Solo durante el primer trimestre de 2025, alrededor de 150 personas fueron apresadas, acusadas de cometer delitos como estafas electrónicas, transferencias fraudulentas, sextorsión, phishing, clonación de tarjetas, robo de identidad, llamadas fraudulentas, acoso, difamación, atentado sexual contra menores y otras infracciones vinculadas a las tecnologías de la información.

El caso Ángel Martínez: difamación, extorsión y falsas credenciales

Otro expediente emblemático es el de Ángel Martínez, conocido como “El Detective”, arrestado en Puerto Plata y enfrentando múltiples querellas por difamación, extorsión, estafa y lavado de activos. Martínez se presentaba como investigador vinculado a agencias internacionales, pero fue desmentido oficialmente por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que afirmó que nunca ha trabajado para esa institución ni para ninguna dependencia del Departamento de Justicia estadounidense.

Entre las querellas figura la interpuesta por la ministra Faride Raful, quien lo acusa de utilizar plataformas digitales y canales de YouTube para difundir afirmaciones injuriosas y difamatorias, exigiendo una indemnización de RD$50 millones por daños morales. El caso también involucra a Ingrid Jorge, señalada como colaboradora en la difusión del contenido.

Las autoridades no descartan que Martínez enfrente procesos legales en Estados Unidos por hacerse pasar por agente federal, delito que conlleva penas de hasta tres años de prisión, además de multas.

La Ley 53-07 establece sanciones claras para delitos como el acceso ilícito, la suplantación de identidad, el chantaje digital y la extorsión mediante tecnologías de la información. Dependiendo de la gravedad, las penas incluyen prisión, multas elevadas y responsabilidades civiles por daños y perjuicios. No obstante, juristas advierten que la evolución tecnológica y el uso de inteligencia artificial plantean nuevos desafíos para la aplicación efectiva de la ley.

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Indotel articula estrategia nacional

Ante el crecimiento sostenido de estos delitos, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) anunció que, a partir de 2026, ejecutará una estrategia nacional contra la extorsión digital, el chantaje y la difusión de noticias falsas, en coordinación con otras entidades del Estado.

La campaña estará enfocada en la educación y concientización ciudadana, así como en el fortalecimiento del marco legal y la cooperación interinstitucional. En ella participarán activamente el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), la Policía Nacional y el Ministerio Público.

INDOTEL advirtió que estas acciones responden a un contexto alarmante: la República Dominicana habría registrado la mayor cantidad de víctimas de fraude digital en el continente americano durante el segundo semestre de 2024, lo que exige una respuesta firme y sostenida.

El órgano regulador subrayó que la ciberdelincuencia evoluciona constantemente, incorporando herramientas como imágenes manipuladas y aplicaciones de inteligencia artificial, lo que convierte la extorsión digital en un “negocio” altamente lucrativo y difícil de rastrear.