El Gobierno es el administrador de lo público y uno de los más grandes contratistas, en tal virtud, que tiene el Estado.
Además, están en manos de servidores públicos las firmas autorizadas para hacer todo tipo de negocios, algunos amparados por una resolución del Senado de la República, pero otros no.
En esa amplia gama de negocios que no van al Senado está la posibilidad de la estafa y el enriquecimiento ilícito, pero silenciado, de muchas personas, mafias incluidas, o que se constituyen en bandas con el fin inmediato de adueñarse fraudulentamente de alguna propiedad o contrato público.
Está el caso, por ejemplo de los servicios inservibles o fallidos, que son una fuente enriquecimiento. La falta de energía eléctrica produce en cadena una serie de servicios inservibles. Empezando por el rumbo incierto que toman los hogares y las empresas, la desincronización y la salida de servicio de los semáforos que agrava el caos ordinario del tránsito; la oscuridad de muchas plazas y espacios públicos, como la Plaza Simón Bolívar; el apagado de puentes y avenidas.
Si enfocamos nuestra atención en los servicios públicos básicos vemos que son una ruina. El agua que llega a los hogares muy pocas familias la usan para el consumo humano. Hay que comprar agua para beber. En salud, solo dos servicios: el de ambulancia y diálisis, son un viacrucis en todos los hospitales que los ofrecen.
De los servicios inservibles nacen a diario cientos de ofertas del sector privado. Alternativas de negocios y contratos amparados en la ausencia o mala calidad de los servicios que constitucionalmente tiene que ofrecer el Gobierno, llámese seguridad, educación o salud, para solo mencionar tres. Las autoridades, nacionales y provinciales tienen el ineludible compromiso con la ciudadanía de enfocarse en la implementación de soluciones, ya que corremos un alto riesgo y podríamos pasar de los servicios inservibles a un país infuncional.
