Desde finales de 2020 y la primera mitad de 2021 el mundo está luchando por resistir los efectos de la pandemia y entre las medidas que se generalizó la de entregar fondos a la gente para que pudiera atender sus necesidades fundamentales, ya que casi todos los países paralizaron sus actividades económicas, en especial las productivas.
Para mantener a la gente consumiendo, atender el catastrófico problema sanitario y sostener las economías locales a flote, los gobiernos debieron someterse a endeudamiento, porque todo eso implicaba mucho dinero y de algún lado debía salir.
Se proyectaba desde ese momento que 2022 y 2023 serían años de gran inflación porque el aparato productivo global no se dinamizaría con la misma rapidez que el consumo. Ocurrió tal como se pronosticó y se ha prolongado hasta la actualidad por el surgimiento de otros fenómenos inesperados, como por ejemplo la guerra en Ucrania.
Esos mismos pronósticos señalaban que a partir de 2025 el mundo enfrentaría la crisis de la deuda, porque tendría que empezar a hacer frente a los compromisos financieros contraídos durante los meses de pandemia.
República Dominicana no escapa a ninguno de esos pronósticos globales.
Toca ahora pagar por la cena del pasado, porque definitivamente no hay cena gratis.
Una reforma fiscal debe contemplar generar recursos suficientes que permitan destinar al pago de servicio de la deuda montos mayores que a los ingresos por concepto de créditos, sin que eso afecte la inversión en sectores prioritarios como salud, educación o infraestructuras.
República Dominicana es reconocida por su estabilidad macroeconómica, pero mantenerla sólo será posible si se adoptan las medidas necesarias, aunque ahora molesten.
