Miles de personas marcharon en Colombia en contra de las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz hechas por la presidencia.
Una de las crisis políticas más profundas del gobierno de Iván Duque en Colombia empezó con un discurso de sólo 12 minutos pronunciado por el mandatario el domingo 10 de marzo.
En él, Duque -que se posesionó en agosto pasado- presentó seis objeciones a la ley que buscaba implementar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado (tanto por guerrilleros como militares) y una de las columnas vertebrales del proceso de paz realizado con la guerrilla de las FARC por su antecesor, Juan Manuel Santos que puso fin a 50 años de conflicto.
Las objeciones tocan temas como la reparación a las víctimas por parte de los victimarios, la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad para quienes no son máximos responsables (es decir, quienes no sean mandos) y a la extradición por delitos cometidos después del acuerdo de paz.
La reacción no se hizo esperar. La oposición -e incluso aliados del gobierno, como el Partido Liberal- dijo que se estaba quebrando el Estado de derecho, pues la Corte Constitucional -la máxima instancia en estos casos- ya había dado a conocer sus fallos y era cosa juzgada.
Derechos de autor de la imagen PRESIDENCIA DE COLOMBIAAlgunos dijeron que se trataba de una carga de profundidad que buscaba destruir el propio proceso de paz, por ejemplo, al pedir que cualquier excombatiente pueda ser juzgado por crímenes de lesa humanidad -y no sólo los comandantes, como se había acordado-, lo que empujaría a muchos a retomar las armas.
Además de que los casos serían tantos que simplemente desbordarían la capacidad de la justicia transicional.
Los seguidores del gobierno -entre ellos el partido del presidente, el Centro Democrático- aplaudieron las objeciones como sensatas y dijeron que era la posibilidad de mejorar la ley de la JEP en el congreso.
En el exterior, tanto el Secretario General dela ONU, Antonio Guterres, como la Corte Penal Internacional criticaron con fuerza las objeciones.
La discusión, desde entonces, no ha cesado y este lunes miles de personas desfilaron por diferentes ciudades del país en rechazo a la decisión presidencial.
Una de las voces más críticas ha sido la de Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz durante el gobierno de Santos, negociador durante el proceso con las FARC y ampliamente reconocido como uno de los pilares de ese proceso.
Previamente había trabajado en el ministerio de Defensa en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
BBC Mundo habló con este filósofo y filólogo que en la actualidad vive en Bruselas, Bélgica.
Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGESDespués de que se firmó la paz usted había guardado silencio el tema. ¿Por qué decidió romperlo?
Porque yo creo que a todo gobierno hay que darle el beneficio de la duda y ver qué va a hacer. Preferí esperar pero me parece que con esta decisión de objetar la ley estatutaria de la jurisdicción para la paz se cruzaba una raya y se ponía en riesgo la jurisdicción especial, el proceso de paz y el mismo estado de derecho en Colombia.
¿Por qué lo ve así?
Estamos hablando de lo que yo considero el sistema más ambicioso que se haya establecido de justicia transicional en el mundo, con un tribunal especial en su centro y asociados a él una Comisión de la Verdad y una unidad especial para buscar a los desaparecidos.
Ese tribunal tiene una base constitucional fuerte pero necesitaba un estatuto que regule los temas sustantivos, por ejemplo cómo van ser las sanciones. Esa ley se discutió muy intensamente durante la segunda parte del 2017 y por ser lo que en Colombia se llama una «ley estatutaria», es decir, que toca los derechos fundamentales, requería una revisión de la Corte Constitucional.
La corte se tomó todo el año pasado en revisar esa ley y produjo una sentencia de 750 páginas. Lo único que faltaba es que el presidente de la República sancionara la ley. Hasta ahora, ningún presidente se había atrevido a objetar la ley…
O sea que Duque sí podía presentar esas objeciones
Teóricamente si, pero ningún presidente se había atrevido a objetar una ley estatutaria que ha había tenido una revisión de la Corte Constitucional. Pero incluso en ese caso uno puede imaginarse escenarios en que un presidente lo haga: por ejemplo, porque la ley supone unos costos que son imposibles para el Estado.
Pero en este caso, las objeciones del presidente están dirigidas al fallo de la corte.
¿Entonces el presidente no objetó la ley, sino la sentencia de la Corte?
La mayor parte de las objeciones van dirigidas al fallo de la Corte. Es un asunto muy grave: tenemos una gran indefinición jurídica en este momento, cuando miles de hombres de las FARC están en proceso de reincorporación. Y también más de dos mil hombres de las fuerzas militares y policía que están acusados de graves crímenes y se han acogido (a la JEP).
Eso en un proceso de paz es muy grave. No hay nada peor en un proceso así que la incertidumbre. Y en Colombia ya existe una disidencia de las FARC que ha crecido y esto lo único que hace es crear incentivos para que más gente se vaya a esa disidencia.
Pero la cosa es más grave, porque el presidente no sólo está objetando el fallo de la corte sino elementos mismos de la Constitución. Algo inaceptable.
Derechos de autor de la imagen BBC MUNDOEl presidente, además de las objeciones, dijo que presentaría tres reformas constitucionales, entre ellas un tema que ha tenido mucha resonancia en Colombia: el que los delitos de carácter sexual contra menores sean juzgados por la justicia ordinaria y no por la JEP.
Ese es otro tema distinto: que el gobierno toma la iniciativa de introducir unas reformas constitucionales para seguir reformando el sistema de justicia transicional. El gobierno tiene la libertad de hacerlo, pero aún no se ha presentado. No se sabe qué va a ser. Lo único que se ha presentado son las objeciones a la ley.
Ese un tema, el de los delitos contra los menores, es muy delicado, de mucha sensibilidad. Creo que es posible que se diga: la JEP tiene jurisdicción sobre todos los delitos en el conflicto, pero los cometidos contra los menores son tan graves y odiosos que se les debe dar otro tratamiento. Creo entender por qué la Corte los incluyó en la justicia transicional, pero también entiendo el sentimiento popular en contra.
Pero es un tema distinto. No está dentro de las objeciones.
Pero en Colombia están mezclando los dos temas
Por supuesto, porque los argumentos para presentar las objeciones son tan extraordinariamente débiles, entonces echan mano de ese tema.
Volviendo con las objeciones, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez -a quien usted conoce y con quien trabajó- y la ministra del Interior han dicho que lo que busca el gobierno no es destruir la JEP sino mejorarla y poner a la víctimas «en el centro»…
Eso todo es falso. Colombia tiene probablemente el tribunal constitucional más avanzado y respetado de América Latina. Y esa Corte ya se pronunció sobre estos temas y es francamente impresentable que el gobierno lo objete.
Columnistas afines al gobierno han dicho que quienes rechazan las objeciones diciendo que se va a afectar profundamente el proceso de paz son «catastrofistas». ¿Es usted un «catastrofista»?
Por supuesto que no. En el 2009 tuvimos de alguna manera una situación similar cuando Álvaro Uribe Vélez trató de cambiar la Constitución por segunda vez para mantenerse en el poder y asegurarse un tercer período presidencial (algo que la Corte Constitucional rechazó)
Usted puede decir: ¿qué va a cambiar? La vida diaria sigue, los niños seguirán yendo al colegio… Eso es cierto, pero la naturaleza del país, su estado de derecho, en ese momento se habrá quebrado. Es otra cosa distinta.
De la misma manera uno no puede aceptar que un presidente de la república que fue elegido para gobernar a todos los colombianos y para respetar y someterse a la ley y a la Constitución comience a objetar los fallos de la Corte y a crear incentivos para que sobre todo los mandos de las FARC dejen el proceso.
Esto no hay que minimizarlo. Es una situación muy seria
Es bueno que sus lectores sepan que lo que se está haciendo en Colombia no sólo es importante para el país sino para el mundo.
Porque este tema -que tanto trabajo nos costó acordar en La Habana- de crear una jurisdicción especial y un sistema integral de «verdad, justicia, reparación y no repetición» está siendo observado por muchos países del mundo que tienen conflictos y por la Corte Penal Internacional, que le interesa saber cómo va a funcionar.
Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES¿Por qué entonces objetarla?
Creo que el Centro Democrático, en el gobierno, es un partido extremista con políticas comparables con los partidos extremistas que existen en Europa hoy en día. Uno de sus miembros recientemente salió a expresar su admiración por VOX en España (partido de ultraderecha), lo que da un poco la idea de qué tipo de partido estamos hablando.
Ese partido quería fracturar la jurisdicción creando una sala especial para los miembros de las fuerzas militares que estuvieran siendo juzgados, cosa que los ponía en una gravísima situación de inseguridad jurídica porque desbalanceaba el sistema y los ponía en riesgo de que otras jurisdicciones -en especial la Corte Penal Internacional- intervinieran porque no se estaba haciendo justicia.
La Corte Constitucional naturalmente tumbó eso y dijo que tenía que ser el mismo estatuto para todos. Lo que ocurre ahora es que el congreso votará, decidirá si aprueba o no esas objeciones. Si no las aprueba, el gobierno tendrá que sancionar la ley tal y como está hoy.
Si las aprueba, tendrán que volver a la Corte, que los volverá a revisar y volverá a decir lo mismo que ya dijo, porque no va a cambiar su doctrina y su fallo.
¿Pero entonces qué es lo que hay detrás de todo esto, cuál es el objetivo?
Creo que hay un deseo que ha expresado públicamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez de acabar con esa jurisdicción. Y lo otro es que al partido de gobierno, que fue creado para hacer oposición radical, que está dedicado a criticar todo lo que tenga que ver con el proceso de paz, electoralmente le sirve mucho revivir la discusión que tuvimos durante el plebiscito y llevar al país a donde estábamos hace dos años y con eso hacer campaña electoral para las elecciones regionales de octubre y probablemente las presidenciales.
Detrás de esto lo que hay es una estrategia electoral.
¿Y acabar con el proceso de paz?
Finalmente creo que sí. Creo que su deseo es, en lo posible, acabar con esa jurisdicción y están teniendo éxito parcial porque ha creciendo la disidencia de las FARC, por lo menos media docena de mandos importantes de las FARC se han ido a la clandestinidad, (por)que sienten que el gobierno no les está dando garantías jurídicas.
Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGESHay una figura a la que se vuelve una y otra vez en este tema: la del ahora senador Álvaro Uribe. Usted dijo que él tenía razones personales y políticas para oponerse a esto. ¿Cuáles cree que son esas razones?
Pues mire, yo prefiero no extenderme más sobre este tema. El ex presidente Uribe, para cualquiera que observe, es muy claro lo que está haciendo y lo único que puedo decirle es que es francamente muy dañino para el país.
Y esta situación que estamos viviendo no deja de tener algo de absurdo. Colombia está realmente en su mejor momento, cerramos un conflicto de 50 años, una cosa que nadie pensó que iba a ocurrir. Nadie pensó que en su vida iba a ver a las FARC desarmarse y reintegrarse a la vida civil.
En todos los países la gente está viendo esto. Colombia es uno de los países de moda en el mundo para visitar. Hay un cambio real, una transición real en el terreno así haya unos retos muy grandes como el de los cultivos de coca.
Entonces es increíble que en este momento que deberíamos estar aprovechando, que es un momento para realmente mirar hacia el futuro, para reconstruir y reconciliar, estén haciendo esos esfuerzos tan decididos por parte del gobierno para llevarnos al pasado. Es increíble la oportunidad que el gobierno de Colombia está desaprovechando en este momento.
*Cortesía de BBC
