SANTO DOMINGO.- La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción de La Romana, Vicky Chalas, dictó este viernes la primera sentencia nacional que acoge la venta anticipada de bienes del caso contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelados con la Operación Guepardo.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios con ganancias de US$18,851,583.12., a través de compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, así como la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
Los bienes incautados pertenecen a la empresa Novasco Real Estate SRL, representada por los cabecillas de la red Loany Lismeiry Ortiz Nova, apresada en Colombia y en espera de extradición, así como Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco.
Los malhechores se encuentran cumpliendo 18 meses de prisión preventiva, junto a Rocío del Alba Rodríguez de Moya en los centros de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís, y en Najayo Mujeres de San Cristóbal.
Asimismo, fueron detenidos Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, así como las masters brokers de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto.
A los cuatro también se le impuso prisión preventiva por un año que deberán cumplir en la cárcel pública de Mujeres de La Altagracia y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, de Higüey.
Los fiscales litigantes Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal Mayerling Rondón, de La Romana, formularon la solicitud formal ante la jueza.
La sentencia se fundamentó con el artículo 69 de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, una legislación que crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE).
Venta anticipada de activos
Las autoridades localizaron las propiedades ubicadas en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.
Además, realizaron allanamientos en los inmuebles que forman parte del proyecto Romana Victoriana Residences, en la cual fueron colocados mezcladoras, cementos, varillas, maquinarias y equipos de oficina, así como aires acondicionados para simular el trabajo de construcción del complejo.
Los activos recuperados serán presentados formalmente ante el tribunal, quien con una sentencia condenatoria los decomisará a favor de las víctimas. Mientras que los fondos de las ventas se conservan en una cuenta del Estado.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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