Santo Domingo. – El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, anunció este miércoles que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) decidió desarrollar su propia plataforma tecnológica para gestionar las autorizaciones médicas, eliminando así la dependencia de terceros tras el colapso del contrato con la empresa Farmacard.
Durante una entrevista en el programa matutino El Día, transmitido por Telesistema, el funcionario explicó que la crisis en la plataforma se originó cuando la aseguradora estatal rescindió unilateralmente un contrato previo para contratar de manera directa a Farmacard, bajo el alegato de que se trataba de un “proveedor de servicios de salud”, lo que la eximiría del cumplimiento de la Ley 340-06.
“Esa contratación nos llamó la atención porque Senasa contrató a Farmacard de manera directa al margen de la ley”, enfatizó.
Indicó que, tras una investigación de oficio y consultas con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), se determinó que dicha empresa no era una prestadora de servicios de salud, sino de proyectos tecnológicos, por lo que la contratación directa resultó ilegal.
Además, detalló que detectó un conflicto de interés; la firma de abogados que validó la legalidad del proceso para Senasa fue la misma que posteriormente representó a Farmacard.
“Senasa ha identificado una solución que es hacer un desarrollo propio… nos parece una decisión muy acertada”, afirmó Pimentel. Según representantes de la ARS, este nuevo sistema podría entrar en funcionamiento durante el mes de marzo.
Pimentel recordó que, a solicitud del Ministerio Público, la DGCP suspendió el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de Farmacard, así como de las empresas Khersun y Nutri-Med Cas, vinculadas a la Operación Cobra, sobre una red de corrupción que presuntamente habría desfalcado con más de 15 mil millones de pesos a Senasa durante la gestión del doctor Santiago Hazim.
Finalmente, aclaró que se trata de una medida precautoria para evitar que estas empresas continúen contratando con el presupuesto público mientras son investigadas.
Sobre la
uspensión de Farmacar y "Operación Cobra" A
Nueva Ley 47-25: Cárcel y fin del "10%" Sobre la nueva normativa que entró en vigencia en enero, el funcionario destacó un cambio radical en el régimen de incompatibilidades. Bajo la ley anterior, un funcionario podía contratar con el Estado si tenía menos del 10% de las acciones de una empresa.
"La nueva ley le quita el 10%. Un ministro o director, aunque tenga un 1% de acciones, tiene prohibición absoluta", sentenció Pimentel.
La modificación más contundente es el régimen de consecuencias. Si un funcionario utiliza testaferros o mecanismos corporativos para ocultar que es el beneficiario final de una empresa proveedora, la sanción ya no será administrativa, sino penal, con penas de 2 a 10 años de prisión.
Crítica a la mora judicial y nueva herramienta "Infopago" Al analizar el estancamiento de República Dominicana en el índice de Transparencia Internacional, Pimentel señaló al Poder Judicial como el eslabón débil en la lucha contra la corrupción, criticando los constantes aplazamientos que impiden sentencias definitivas. "Tenemos una tarea pendiente y es los tiempos de respuesta del poder judicial… los expedientes se van poniendo amarillentos", lamentó.
Finalmente, anunció el lanzamiento este mes de "Infopago", una herramienta tecnológica obligatoria que permitirá a los proveedores rastrear la ruta de sus facturas y pagos en tiempo real. El objetivo es eliminar la extorsión de funcionarios intermedios que exigen sobornos a cambio de agilizar la entrega de cheques
Etiquetas
